Thompson, Andrés A. ¿QUE ES EL "TERCER SECTOR" EN ARGENTINA? Dimensión, alcance y valor agregado de las organizaciones privadas sin fines de lucro. CEDES, Buenos Aires, Argentina. 1994. p. 58. 
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¿QUE ES EL "TERCER SECTOR" EN ARGENTINA?
	Dimensión, alcance y valor agregado
	de las organizaciones privadas sin fines de lucro

	Andrés A. Thompson

 

	con la colaboración de:
	Mario M. Roitter
	Daniel Gropper
	María Andrea Campetella

Este estudio forma parte de una investigación de mayor alcance que se lleva adelante en el CEDES bajo la dirección del autor sobre "Las Organizaciones No Gubernamentales y sus relaciones con el Estado en Argentina". Esta investigación cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Nonprofit Sector Research Fund del Aspen Institute y la Fundación Inter-Americana (EEUU).

Se ruega no citar este artículo sin el consentimiento por escrito del autor. Publicado para reseñas y comentarios solamente. No para publicación.

	CONTENIDO

I.	INTRODUCCION

II.	CUESTIONES CONCEPTUALES EN LA DEFINICION DEL TERCER SECTOR

III.	LA VIA JURIDICO-LEGAL
		a. Asociaciones civiles y fundaciones 
		b. Entidades de Bien Público
		c. Mutuales
		d. Conclusiones

IV.	LA DEFINICION ECONOMICO-FINANCIERA
		a. Algunas consideraciones sobre la medición del valor agregado de las instituciones sin fines de lucro
		b. Cómo se definen las IPSFL
		c. Cómo se clasifican las IPSFL
		
V.	LA DEFINICION FUNCIONAL
		a. Instituciones dedicadas al medio ambiente
		b. Instituciones de colectividades extranjeras
		c. Instituciones relacionadas con la mujer
		d. Organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo
		e. Establecimientos asistenciales privados no lucrativos
		f. Clubes de barrio
		g. Conclusiones

VI.	EL FINANCIAMIENTO DEL TERCER SECTOR
		a. Información desde la demanda
		b. Información desde la oferta
			b.1. Los recursos internacionales 
			b.2. Los recursos nacionales privados

VII.	COMO MEDIR EL TERCER SECTOR

VIII.	CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

I. INTRODUCCIÓN

	La actividad organizada, privada y voluntaria, con propósitos sociales y sin fines lucrativos es un fenómeno de larga data en la Argentina. Desde la época colonial, y con mayor fuerza desde mediados del siglo XIX, diferentes instituciones de la sociedad civil intervinieron en el campo social, político y cultural, dejando una huella no siempre reflejada con justicia en los análisis históricos del desarrollo argentino.

	En efecto, la mayoría de estos análisis se inscriben en un modelo dual, centrado en rastrear el desarrollo y las transformaciones del Estado y el mercado. En este modelo queda afuera la especificidad de las instituciones de la sociedad civil, al no ser privadas en el sentido del mercado ni públicas en el sentido del Estado. De este modo, su actividad no es registrada sino de forma dispersa y acotada a algunas instituciones y temáticas determinadas.

	Considerar al heterogéneo conjunto de estas entidades como un sector institucional diferenciado -un "tercer sector" distinto del privado comercial y del público estatal- obliga al intento de estimar su tamaño, estructura y su valor agregado, es decir, cuál es su relevancia en términos políticos, económicos y sociales. En otras palabras, ya no considerar diferentes instituciones particulares, sino intentar analizar cuantitativamente la importancia de las organizaciones sin fines de lucro in toto. En síntesis: ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a un "tercer sector" en la Argentina y cuál es su importancia?
 
	Estos objetivos se revelan prontamente demasiado ambiciosos. En primer lugar, la posibilidad de llevarlos a cabo depende en gran parte de la calidad de las estadísticas básicas que el país produzca. Pero tal como sostiene Goes de Paula para el caso de Brasil, "la propia existencia y fiabilidad de datos es un indicador de desarrollo económico, social y cultural. Sólo hay riqueza de datos en países ricos" (Goes de Paula, 1991). Más aún, los sistemas estadísticos nacionales no están diseñados para medir el "tercer sector". Este problema es general, no sólo acotado a la Argentina, en tal medida que ya se han realizado investigaciones y propuestas a nivel internacional a los efectos de incluir la estimación del "tercer sector" en el Sistema de Cuentas Nacionales elaborado por las Naciones Unidas.

		En segundo lugar, existen problemas que tienen que ver específicamente con el tema. En efecto, el "tercer sector", como construcción teórica surgida del campo de las ciencias sociales, es una categorización relativamente nueva y hace referencia a un conjunto muy heterogéneo de instituciones. Por ello, es necesaria una clara definición de las instituciones que se incluyen en el "tercer sector", para luego poder compatibilizar los datos en base a los diferentes registros -gubernamentales y no gubernamentales- existentes.

	Así, en una primera tentativa de mapeo global existen tareas diferentes que las de recolectar datos secundarios. Estas tienen que ver con exigencias de definición del objeto -las instituciones del "tercer sector"-, para poder luego rastrear y detectar fuentes de información que se refieran a él -aunque de manera indirecta-. Muchas veces también es necesario reelaborar los datos existentes.

	La enumeración de estas dificultades no significa que se desvaloricen los resultados alcanzados. En esta primera aproximación se ha podido realizar una tarea de detección y evaluación de diferentes fuentes (gubernamentales y no gubernamentales), y del tipo de datos que ofrecen. Los resultados son importantes no sólo por la información que proporcionan, con la cual es posible obtener los primeros trazos de una aproximación global al sector. También están indicando de manera más específica cuáles son las carencias, qué aspectos es necesario investigar más a fondo, y cuáles son los caminos a seguir para poder medir al "tercer sector" como una totalidad.

	En este sentido es que además de presentar y calificar a las fuentes de información existentes, avanzamos en sugerencias de tipo metodológico acerca de cómo sería posible encarar un proyecto para estimar el valor agregado bruto de las instituciones del "tercer sector".

	Este trabajo, resultado parcial de una investigación de alcance mayor sobre las Organizaciones No-Gubernamentales que estamos desarrollando en el CEDES, se introduce en primer lugar en la problemática de las definiciones en torno al "tercer sector". Esta es una discusión que se ha generado desde los países desarrollados, con lo cual viene en parte marcada por las realidades nacionales y la cultura política de estos países. Se plantea entonces la necesidad de profundizarla, sin olvidar la historia y los diferentes contextos nacionales, que son los que permiten entender las formas y estilos que las variadas instituciones pertenecientes al "tercer sector" adoptan.  

	En segundo lugar se reseñan las diferentes fuentes de información detectadas, intentado hacer una evaluación general del tipo y la calidad de datos con los que cuentan.

	En tercer lugar, se intenta una estimación aproximada de los recursos financieros de las OPSFL (organizaciones privadas sin fines de lucro) en base a las escasas fuentes existentes.

	Por último, como anticipamos, realizamos algunas sugerencias sobre como seguir avanzando en la difícil pero imprescindible tarea de medir el alcance y la dimensión de las organizaciones de la sociedad civil en la Argentina.

II. CUESTIONES CONCEPTUALES EN LA DEFINICION DEL "TERCER SECTOR"
	
	Una clara definición de cuál es el tipo de instituciones que forman parte del "tercer sector" es el primer paso necesario para luego detectar las fuentes disponibles.

	La problemática de las definiciones es amplia, como lo reflejan los diferentes términos usados indistintamente para referirse a estas instituciones: "organizaciones no gubernamentales", "organizaciones o instituciones privadas sin fines de lucro", "organizaciones voluntarias", "organizaciones filantrópicas", "instituciones de la sociedad civil", son algunos de los que pueden encontrarse. 

	La utilización de estos diferentes términos no es gratuita, sino que está estrechamente relacionada a la cultura política de cada país, al papel particular que este tipo instituciones ha jugado en cada contexto nacional, e incluso al momento específico y el modo en que han hecho su aparición en la escena pública.

	En este sentido, no es un dato irrelevante que, por ejemplo, en referencia a los Estados Unidos de mediados del siglo XIX Alexis de Tocqueville -en su famosa obra La Democracia en América- ya escribiera un capítulo llamado "Del uso que los americanos hacen de las asociaciones en la vida civil"; mientras que en Argentina -como quizás en otros países de Latinoamérica- la idea de este tipo de instituciones se instaló con gran fuerza sobre todo a partir de la década de los '70, y muy vinculada a lo que se conoce como organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo. 
	
	Con esto se intenta señalar la importancia de una perspectiva comparativa aún en la cuestión terminológica, sin perder de vista las especificidades que las iniciativas privadas de beneficio público asumen en los diversos países. En relación a esto, una especialista brasilera realiza en un breve párrafo una acertada descripción:

	"Sustitutos gubernamentales en la prestación de servicios en Estados Unidos y Gran Bretaña; protagonistas en el combate contra la exclusión de los pobres en Francia; promotoras del pluralismo en Suecia y de la recreación de una `sociedad civil' en la ex Unión Soviética y Europa del Este; agentes de democratización latinoamericanos; catalizadores de la participación y organización popular en varios contextos del Tercer Mundo: se descubre así el papel de un vasto universo de entidades que, en muchos casos, existen hace décadas -o incluso siglos." (Landim, 1993)
	
	Sin embargo, la existencia de esta heterogeneidad y diversidad de roles no debe hacer perder de vista la posibilidad de construir al "tercer sector" como objeto. Como señalan Anheier y Salamon (1992) las profundas diferencias son también una característica de la manera en que las sociedades están organizadas, y aún así se acepta convencionalmente, para abordarlas, la existencia de dos grandes complejos de organizaciones: el Estado y el mercado. La introducción de la sociedad civil como un tercer complejo a tener en cuenta no resulta entonces tan extraño, sobre todo teniendo en cuenta el hecho real del extraordinario crecimiento de sus instituciones en las últimas dos décadas (Salamon, 1993), y de su creciente papel en las discusiones en torno al desarrollo político y económico (Wolfe, 1991).
	
	Los debates en torno a la definición del "tercer sector" incluyen diversas perspectivas en función de las cuales se realiza. Anheier y Salamon (1992) llevan a cabo una evaluación de dichas perspectivas, reuniéndolas en tres tipos, y proponiendo una cuarta, más abarcativa, a la que denominan "estructural-operacional": 

a) Definición legal: parte de las previsiones legales específicas de cada país para clasificar las organizaciones que caen dentro del sector sin fines de lucro. Esta definición supone en primer lugar la existencia de este tipo de previsiones. En segundo lugar, su rigurosidad tiene dos desventajas:  no considera las diferentes interpretaciones y sentidos que una misma palabra pueden tener en diferentes momentos y lugares; no considera la superposición que se produce con la jurisprudencia ni la existencia de instituciones al margen de la estricta formalidad de dichas previsiones legales. Así, por ejemplo, una de las entidades jurídicas típicas del sector, las fundaciones, tienen una connotación y marco legal totalmente diferente en los Estados Unidos, Chile o la Argentina.

b) Definición económico-financiera: es la utilizada en el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas. En este caso, lo que diferencia los sectores económicos es la fuente principal de ingresos. El sector sin fines de lucro sería aquel que obtiene sus ingresos mayoritariamente de las contribuciones de sus miembros y de aportes de individuos privados. La mayor desventaja de esta definición es que reduce al "tercer sector" de manera importante, al quedar fuera gran cantidad de instituciones (como la mayoría de las universidades, hospitales, institutos de arte) que obtienen menos de la mitad de sus ingresos de la filantropía privada.

c) Definición funcional: parte de los propósitos o funciones de las organizaciones. El "tercer sector" estaría constituido entonces por "organizaciones privadas que sirven propósitos públicos". El problema con este tipo de definición es que no es demasiado rigurosa, requiriendo en todo caso de una larga lista de tipos de propósitos que indiquen cuando una institución es sin fines de lucro. Por otro lado, aun definiendo estos propósitos, se presentan problemas al trasladarlos a diferentes contextos nacionales.

	Finalmente, como anticipamos, los autores mencionados proponen una definición estructural-operacional, la que ha sido desarrollada dentro del Proyecto Internacional Comparativo de la Johns Hopkins University. Parte de la estructura básica y el modo de operación de las instituciones. Una primera aproximación de las que conformarían el "tercer sector" cumplirían, en algún grado, con siete características principales: 

	Formales: deben tener algún grado de institucionalización. Si no es a través de un certificado o registro legal, la formalidad puede demostrarse a través de, por ejemplo, encuentros regulares o reglas de procedimiento.
 
	Privadas: no deben ser parte del aparato de gobierno ni deben estar dirigidas por mesas directivas dominadas por agentes gubernamentales. Esto no significa que no puedan recibir importantes aportes gubernamentales, o que agentes gubernamentales no puedan sentarse a sus mesas directivas.

	Sin distribución de beneficios: pueden acumular excedentes, pero éstos no deben redistribuirse entre sus socios o directores, sino que deben ser reinvertidos en relación a los objetivos básicos de la organización.
 
	Autogobernadas: deben poseer sus propios procedimientos internos de gobierno, y no estar controladas por entidades externas.

	No comerciales: no deben estar organizadas principalmente para objetivos comerciales. Esto no significa que no puedan obtener ganancias de sus actividades.

	No partidarias: no deben estar primariamente comprometidas en promover candidatos políticos. Esto no significa que no puedan embarcarse en actividades políticas no partidarias.

	Voluntarias: deben incluir algún grado significativo de participación voluntaria. Esto no significa que la mayoría de su personal deba ser voluntario, o que la mayor parte de sus ingresos provenga de donantes. 

	Esta definición parecería ser entonces la que posee menos desventajas, siendo posible aplicarla a una amplia variedad de instituciones en diferentes contextos nacionales.

	En referencia específica a los países en desarrollo, estos autores afirman que una de las ventajas de la definición estructural-operacional es que permite ampliar el foco de atención más allá de las organizaciones no gubernamentales  (ONGs)- pues en estos países es a partir de ellas que generalmente el "tercer sector" ha sido definido. 

	Es justamente este punto de partida el que permite trazar, para el caso de Argentina, una historia del "tercer sector", rastreando instituciones sin fines de lucro desde los tiempos coloniales. De esta manera se amplían las posibilidades de detectar los diferentes tipos de acción organizada de la sociedad civil, y de elaborar hipótesis sobre sus particularidades y sus relaciones con otros ámbitos de la vida social.

	Ahora bien, como señala Landim:

	"La problemática del 'nonprofit sector', de la forma como viene siendo construida, nos llega frecuentemente del ideario liberal y de las diferentes formas de institucionalización por las cuales se construyen las sociedades modernas. Sin embargo, en Brasil -y tal vez sea un fenómeno típicamente latinoamericano- la implantación de una sociedad basada en el ideario liberal siempre enfrentó, y continúa enfrentando, obstáculos peculiares. Las culturas populares parecen ser más afectas a una lógica de pertenencia y jerarquía que al individualismo e igualitarismo modernos (...) Esas y otras cuestiones -como la existencia de un Estado centralizador, pero ineficiente y excluyente en sus políticas sociales, y la fuerte marca de la religiosidad en la historia brasilera- deben ser tenidas en cuenta en la `traducción' de estos debates, para el país." (Landim, 1993) 

	Esta particularidades, al menos en los casos de Brasil y Argentina, no deben considerarse entonces sólo como obstáculos que de una u otra manera dificultaron la visualización del "tercer sector". Son rasgos propios de estas sociedades, que no pueden ser pasados por alto, y cuyas marcas aparecen continuamente en la historia de las organizaciones sin fines de lucro.

	Así, si bien la definición estructural-operacional parece ser una buena alternativa para iluminar la acción de la sociedad civil como tal, en el contexto argentino surgen algunas preguntas que es necesario responder a través de la investigación. Por ejemplo, es bien sabido que una de las fuentes de inspiración del "tercer sector" ha provenido de las distintas iglesias, particularmente la católica. En tal sentido, cabría preguntarse cuán autónomas son las organizaciones no lucrativas surgidas, por ejemplo, desde el seno de las parroquias. O bien, acerca del carácter no político de las mismas, en la medida en que muchas de las sociedades de fomento u organizaciones barriales en la Argentina surgieron a partir de una estrecha vinculación con los partidos políticos. Aún mas, la cuestión de la formalidad necesaria, parece ser también puesta en duda en un contexto como el argentino dada la informalidad aunque permanencia e importancia adquirida por algunos movimientos sociales que perduraron en el tiempo, tales como el de los derechos humanos, el de los jubilados, etc. los que muchas veces no se plasman en organizaciones formales.

	Evidentemente, las definiciones siempre pecan de rigideces y por lo tanto generan exclusiones. Las apuntadas precedentemente tienen solo el sentido de apuntar algunas de las limitaciones de tal definición cuando aplicadas a un contexto nacional específico. Tal es así que una publicación posterior de los autores ya mencionados elimina de los siete criterios dos de ellos: el político y el comercial, aunque sin proporcionar alguna justificación al respecto.

	Sin dejar de tener cuenta estas preguntas, pueden distinguirse en Argentina una amplia gama de entes civiles que responderían a la definición estructural-operacional. Teniendo a esta como telón de fondo, señalaremos a continuación las diferentes vías de entrada al problema.

III. LA VIA JURIDICO-LEGAL

	La primera vía para identificar las  OPSFL es a partir de la estructura legal nacional. Si bien no existe un cuerpo de leyes coherentes e integradas que cubra en su totalidad lo que serían organizaciones sin fines de lucro -como por ejemplo sucede en Estados Unidos- pueden reconocerse varias figuras jurídicas que se corresponderían, aún cuando existe algún grado de superposición entre ellas. La ventaja de esta vía es que permite localizar fuentes de información estatales, pues cada figura jurídica está reglamentada específicamente y posee un organismo de control por parte del Estado. Estos organismos, aunque en general no poseen información estadística demasiado elaborada, permiten una primera aproximación bastante exhaustiva -pues la inscripción en ellos es obligatoria-, y también posibilitan una mirada diacrónica. 

	Uno de los problemas que se presenta con estas fuentes es la falta de compatibilización de los datos, y la superposición de información. En efecto, al existir por parte del Estado diferentes figuras legales, las instituciones se registran en más de un organismo, dificultando cualquier intento de aunar registros.

	Por otro lado, también se superponen las competencias territoriales: en el caso del Registro de Entidades de Bien Público, por ejemplo, el registro es de carácter provincial -a menos que sean instituciones que actúen también a nivel nacional- con lo que la información se halla dispersa y no compatibilizada nacionalmente. Otra de las dificultades es la falta de actualización y la falta de elaboración estadística por parte de los propios organismos. 
 
	Pueden nombrarse entonces, dentro de esta vía de identificación:
 
a) las asociaciones civiles y las fundaciones, fiscalizadas por el Estado a través del Registro de Personas Jurídicas de la Inspección General de Justicia y, en forma complementaria, registradas por la base de datos sobre fundaciones de la Fundación José María Aragón.
 
b) las entidades de bien público (EBP) no gubernamentales, fiscalizadas por el Estado a través del Registro de Entidades de Bien Público.

c) las mutuales, fiscalizadas por el Estado a través del Instituto Nacional de Acción Mutual.

a. Las asociaciones civiles y las fundaciones

a.1. Inspección General de Justicia
	
	La Inspección General de Justicia funciona como tal desde 1980, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Es la autoridad administrativa que regula las instituciones calificadas desde el Código Civil como "personas jurídicas de carácter privado". Estas son:
 
	"las asociaciones y fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar" (Cahian, 1990)

	Para las asociaciones el Código Civil no formula conceptualizaciones específicas, existiendo sólo algunas disposiciones en los artículos 30 al 50.	Las fundaciones, en cambio, son objeto de la Ley 19.836, sancionada en 1972. Ella establece que las fundaciones son: 

	"personas jurídicas que se constituyen con el objetivo de bien común, sin propósitos de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines." (Cahian, 1994)

	Las diferencias principales entre uno y otro tipo jurídico resultan de sus respectivas estructuras. Mientras las asociaciones presentan esquemas de participación abiertos en la figura de la asamblea, donde es representada la masa de asociados; las fundaciones tienen una estructura jurídica y funcional cerrada, sin la existencia de asociados ni de asambleas. Por otro lado, mientras en la asociación los beneficiarios directos son los miembros de la misma corporación, en la fundación la actividad benéfica está dirigida en forma indeterminada hacia la comunidad toda o hacia lo público en general.

	Además de estos dos tipos jurídicos, el Código Civil se refiere también a las denominadas "simples asociaciones". Estas son aquellas que no tienen personería jurídica, pero que sin embargo son consideradas sujetos de derecho. El único requisito es la acreditación de la constitución y la designación de autoridades mediante escritura pública o instrumento privado con autenticación notarial. De todas maneras, las simples asociaciones no entran en la órbita de la Inspección General de Justicia.

	Dicho organismo tiene su ámbito de aplicación en la Capital Federal y los territorios nacionales. Sus funciones con respecto a las asociaciones civiles y fundaciones son las de llevar un registro nacional; autorizar su funcionamiento, aprobar sus estatutos y reformas; fiscalizar permanentemente su funcionamiento, disolución y liquidación; solicitar al Ministerio de Justicia la intervención o requerir el retiro de la autorización, la disolución o la liquidación de la entidad.

Cuadro 1
Clasificación de Asociaciones civiles
(Inspección General de Justicia)

	Confederaciones	105
 	Federaciones		461
 	Asociaciones	        9 600	
 	Cámaras		867

	Total		       11 033

	Las asociaciones y fundaciones deben presentar, al solicitar la personería jurídica, el acta constitutiva, los estatutos sociales, la nómina de asociados, la nómina de comisión directiva y órgano de fiscalización, la demostración patrimonial y el arancel reglamentario. Cada año deben presentar además inventario y balance general. 

	Los registros que esta Inspección posee datan de principios de siglo. En 1993 se realizó un primer reempadronamiento de fundaciones, presentándose 1700 de las 3300 registradas. Para noviembre de 1994 está programado un reempadronamiento dirigido a las asociaciones civiles, que actualmente suman 11033. Las asociaciones civiles están clasificadas en diversos grupos (Cuadro 1). 

a.2. Base de datos de fundaciones de la Fundación  J.M. Aragón

	La Fundación José M. Aragón es una entidad de bien público, fundada en 1953, con el objeto de promover la enseñanza superior y la investigación científica y técnica. Para esto ha ido desarrollando un Banco de Datos con el que brinda distintos tipos de asesoramiento.

	Dentro de este Banco de Datos existe una sección en la que se registran Fundaciones argentinas, a los fines de difundir las distintas fuentes de filantropía institucional. Esta sección posee datos desde el año 1974, elaborados a partir de los registros de las Inspección General de Justicia. El 60% de esta base de datos está actualizada a 1994. La actualización se realiza a través de un mailing -registrándose en la ficha correspondiente la última fecha de noticias o respuesta a algún requerimiento- y de los medios de comunicación. 

	Estos criterios de actualización se corresponden con los objetivos de la Fundación Aragón. Es decir, en tanto no es un ente gubernamental al que le interese ejercer algún tipo control, el objetivo no es llevar un registro exhaustivo sino tener información sobre aquellas instituciones que se demuestren activas.

	La Base se compone de 1600 registros, en los que figuran los siguientes datos: nombre y dirección, objetivos fundacionales, autoridades, actividades, áreas en que actúa, ámbito de acción.

	Los campos de acción de las fundaciones están predefinidos, y son quince (cuadro 2). Según datos recientes, y con los reparos que se merecen generalmente este tipo de clasificaciones globalizadoras, la concentración de acciones se da en unas pocas areas en particular (cuadro 3)

Cuadro 2						Cuadro 3
	* Salud
	* Arte y cultura
	* Educación
	* Religión
	* Vivienda
	* Actividad económica
	* Laboral
	* Deporte
	* Promoción social
	* Ciencias políticas
	* Ecología y medio ambiente
	* Defensa Civil y catástrofes
	* Genéricas
	* Ciencia y tecnología
	* Otros
Campo de acción de las fundaciones		

Fundaciones argentinas
(por área de acción)

	Salud				34%
	Educación			26%
	Ciencia y Tecnología		26%
	Desarrollo Comunitario	10%
	Ecología			  2%
	Varios				  2%

	Fuente: Fund.J.M.Aragón, Nov.1994

b. Entidades de Bien Público 

	El Registro de Entidades de Bien Público se creó en 1937 (decreto 103426), bajo la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con el objetivo de llevar a cabo la inscripción obligatoria de todas las obras de asistencia social existentes. Era de su competencia también llevar el registro respectivo, practicar un censo, organizar un fichero central de necesitados de asistencia social, intervenir en el otorgamiento de subsidios del gobierno federal y fiscalizar estas instituciones.

	Con posterioridad al año 1945, el Registro pasó a depender de diversas áreas: Asistencia Social, Asistencia Social y Salud Pública, Bienestar Social y Salud y Acción Social. Hasta 1991 dependió de la Secretaría de Acción Social. Luego de la reorganización ministerial llevada a cabo por el presente gobierno en 1992, depende de la Secretaría de Desarrollo Social, a su vez dependiente de Presidencia de la Nación.

	La misión actual del Registro es la de llevar a cabo la mencionada fiscalización, asesorando, evaluando y controlando a las Entidades de Bien Público, a fin de contar con una rápida y precisa información sobre la cobertura institucional en la materia y realizar un adecuado contralor del cumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento.

	Se considera Entidad de Bien Público a todas aquellas instituciones de asistencia social -tanto gubernamentales como no gubernamentales- que, "sin propósito de lucro, tengan por finalidad ayudar a las personas necesitadas, ya sea en los aspectos relacionados con la salud, la situación económica o la educación física, intelectual y moral de los habitantes" (Sirolli, 1991). Se incluyen en esta definición las escuelas particulares donde haya inscriptos por lo menos un 20% de alumnos gratuitos. Las asociaciones mutualistas quedan comprendidas en estas prescripciones, exceptuándose las instituciones deportivas que persigan solo la cultura física y exclusivamente entre sus asociados. De acuerdo a los intereses de este trabajo, se considerarán solamente los datos referidas a las no gubernamentales.

	Toda entidad que solicite la inscripción en este registro debe haber solicitado previamente su personería jurídica en la Inspección General de Justicia, o en caso de ser una mutualidad al Instituto Nacional de Acción Mutual.  

	Según reglamento interno por ley del Registro, la información es actualizada todos los años al presentar las instituciones, obligatoriamente, la memoria y el balance. Asimismo, por reglamento, existe una visita anual de los inspectores del Registro a cada una de las instituciones. Ambos tipos de control hacen innecesaria, según el directivo de este organismo, la realización de algún tipo de reempadronamiento. 

	La información es archivada en legajos, contando además cada institución con una ficha donde debe figurar, por reglamento, el número de registro respectivo, el nombre, la ubicación, el nombre de la persona real o jurídica o asociación que la sostenga o dirija, sus estatutos y reglamentos, su naturaleza y objeto, el personal que presta servicios, distinguiendo si es rentado o ad-honorem, laico o religioso, los recursos y gastos mensuales.

	A pesar de la existencia de esa dinámica de controles y la exigencia formal de contar con este tipo de información, es necesario tener en cuenta que el Registro presenta problemas de falta de personal, a partir de una importante reducción realizada en los últimos años. Esto redunda en dificultades no sólo para mantener el ritmo de las inspecciones anuales, sino también para el control de la actualización de los legajos. 

Cuadro 4
Tipología EBP

 * Propósitos generales
 * Desarrollo y asistencia comunitaria
 * Educación
 * Investigación
 * Salud
 * Arte y cultura
 * Difusión religiosa
 * Protección de la fauna y flora
 * Deporte y turismo
 * Ecología e industria

	A esto se suma la falta de algún tipo de procesamiento informático de los datos. En efecto, todo el trabajo se lleva a cabo manualmente, con lo que la elaboración de estadísticas actualizadas y completas se dificulta.

	Existe formalmente una tipología temática por la que las entidades son clasificadas cuando son inscriptas (Cuadro 4). 

	Sin embargo, es difícil establecer algún tipo de estadística general a posteriori, por los problemas antes mencionados.

	Si bien el concepto de fundación no entra en esta clasificación, debido al gran incremento de este tipo de instituciones en los últimos años, el Registro las tiene diferenciadas. En 1992, de las 7885 entidades no gubernamentales se distinguían 540 fundaciones.

	Silva (1988) señala incompatibilidades entre la clasificación de este Registro y la utilizada por la legislación provincial y los Registros municipales. Por ejemplo, las Sociedades de Fomento, son materia de legislación municipal en tanto son organizaciones territoriales. Pero al ser también entidades de bien público, su legislación incluye además los niveles provincial y nacional. Se provoca así una situación de conflicto por competencias funcionales entre las diferentes esferas de gobierno, creando una situación de indefinición de la normativa.

	A pesar de que la inscripción en el Registro es obligatoria, el total de entidades empadronadas es bastante inferior al que maneja la Inspección General de Justicia, donde las instituciones reciben su personería jurídica. Esto puede deberse a que no existen sanciones específicas, puesto que el único inconveniente que puede traer la no inscripción son dificultades para conseguir subsidios o donaciones donde se exige el estatuto de entidad de bien público -y no sólo la existencia como persona jurídica.

	En efecto, diversos donantes exigen el certificado del Registro de Entidades de Bien Público para hacer efectiva su contribución, y recurren a este organismo para obtener información sobre las potenciales donatarias.

	Por otro lado, este certificado es imprescindible para obtener un número importante de beneficios y franquicias, otorgados por organismos estatales, tales como la Administración Nacional de Aduanas, Secretaría de Comercio Exterior, Bancos estatales, Municipalidades, Lotería Nacional, Dirección General Impositiva, Direcciones de Rentas Provinciales, Ministerio de Salud y Acción Social. En cierto sentido, el REBP funciona como un organismo de "control de calidad" del trabajo de las asociaciones civiles y fundaciones en su aspecto legal, aunque no cualitativo.

	El total de entidades de bien público que maneja el Registro hacia el año 1993 es de 8514. De éstas son no gubernamentales 7885. 	

	La distribución geográfica (gráfico 1) revela una concentración en Capital Federal y Buenos Aires, como se constatará también en otras fuentes. 

				Gráfico 1

	Teniendo en cuenta la década de creación, se revelan diferencias al considerar la definición más restringida de las instituciones del "tercer sector" -es decir, limitada a las ONGs- o la más amplia aquí propuesta. En efecto, en la guía de ONGs de desarrollo (Gadis, 1992) -cuyo contenido analizaremos más adelante-, coincidiendo con las tendencias que señala la literatura internacional para el Cono Sur, se señala la década de los '70 como el momento de surgimiento de estas instituciones, y la de los '80 como de consolidación. Considerando las entidades de bien público (gráfico 2), en cambio, en la década de los '70 se produce un descenso, y en la de los '80 comienza una recuperación que sin embargo no llega a los niveles anteriores. En este caso, el pico que se produce en los '30 corresponde a la fecha en que el Registro comenzó a funcionar y realizó la primera inscripción. 

	Con respecto a este punto, es necesario aclarar que entre  los años 1951 y 1956 el Registro estuvo en receso. Aunque sus funciones pasaron a la competencia de la Fundación Eva Perón, no se poseen datos de ese período.

		Gráfico 2

c. Las Mutuales

	El inicio del mutualismo en la Argentina estuvo estrechamente relacionado a la inmigración europea de fines del siglo XIX. A pesar de ello, recién a mediados del siglo XX se sancionó una ley específica, rigiéndose las mutuales hasta ese momento por el Código Civil.

	En 1944, a partir del Tercer Congreso Mutualista Argentino, nació el anteproyecto de ley de mutualidades, luego concretado como Decreto-Ley número 24 499/45, y ratificada al año siguiente como Ley 12921.

	Desde 1945 hasta fines de 1971 el órgano que aplicaba el régimen de mutualidades era la Dirección Nacional de Mutualidades. En noviembre de 1971 (ley 19331) se creó el Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM), como organismo descentralizado del Ministerio de Bienestar Social y con el objeto de "promover y auspiciar el desarrollo del mutualismo". Actualmente, el INAM depende de la Secretaría de Desarrollo Social, a su vez dependiente de Presidencia de la Nación. 

	Según el texto de la ley, las funciones del INAM son reconocer a las asociaciones mutuales, llevar un Registro Nacional, ejercer el control público sobre dichas asociaciones, asistirlas y asesorarlas técnicamente, apoyarlas económica y financieramente por vía de préstamos de fomento o subsidios, promover el perfeccionamiento de la legislación y la difusión del mutualismo.

	La ley preveía para la dirección del INAM el establecimiento de un Directorio con la participación de representantes de las organizaciones mutuales -tres vocales por el sector mutualista, elegidos por el Poder Ejecutivo sobre ternas elevadas por las mutuales más representativas, dos vocales por el Estado Nacional y un Presidente, también designados por el Poder Ejecutivo-. El objetivo era, según se enunciaba, "obtener la cooperación y el asesoramiento respecto de las cuestiones específicas, contribuyendo así a la armonía social y al acierto de las decisiones gubernamentales".

	Este tipo de dirección se modificó en 1992, reemplazándose el Directorio por un Presidente y un Vicepresidente, y eliminándose la representación del sector mutualista.

	Las mutualidades son definidas por ley como "expresión de la libre iniciativa comunitaria, encaminada a la atención autónoma de servicios vinculados con la cobertura de contingencias sociales". Si bien se afirma el papel del Estado en la extensión de los seguros sociales, se valoriza el movimiento mutual como complementario, y con mayor capacidad de llegada inmediata y específica de acuerdo a las distintas características de los sectores protegidos.	

	Dos años después de la creación del INAM, y a partir de la experiencia acumulada, se sancionó la Ley Orgánica de Mutualidades (20321),  con el fin de "proyectar a la organización mutualista como factor de acción comunitaria con eficiencia operativa, y así resolver al menor costo social muchos problemas fundamentales que interesan al Estado".

	En esta ley se considera mutual a todas aquellas asociaciones "constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica".

	Un punto destacado en la ley es el otorgamiento de la personería jurídica a las mutuales por la sola inscripción en el INAM,  sustrayéndolas así de la órbita de la Inspección General de Justicia. 

	Por otro lado, se define más claramente la acción de fomento que debe llevar a cabo el Estado. Además de la asistencia técnica, se establecen las exenciones impositivas. 

	Para lograr el reconocimiento del INAM, las mutuales deben acompañar su solicitud con la copia del acta de la asamblea constitutiva; la copia del estatuto y los reglamentos de los servicios a prestar; la nómina de socios, miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora; la declaración jurada de los integrantes del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora de que no se encuentran comprendidos en ninguna de las causales que se contemplan en el artículo 13Error! Bookmark not defined. de la ley 20321; el patrimonio con que contará la entidad al momento de su inscripción.

	Asimismo, están obligadas a presentar anualmente el Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, y Memoria aprobados por la Asamblea Ordinaria de la mutual, la que también debe notificarse al INAM.

	Los tipos de prestaciones que realizan las mutuales están tipificados en el INAM, de acuerdo a cinco rubros: 

* Carácter económico:
 comprende la ayuda económica, la proveeduría, la vivienda, y distintos tipos de subsidios.

* Salud:
 comprende asistencia médica, odontológica, farmacia, distintos tipos de terapias y laboratorio de análisis.

* Educativas y culturales:
 comprende ayuda escolar, capacitación profesional, jardín de infantes, cursos de perfeccionamiento, escuelas, publicaciones.

* Previsionales:
 comprende fondo compensador jubilatorio, todas las ramas de seguro.

* Servicios especiales:
 alojamiento temporario, centro de recreación, comedor escolar, comedor trabajador, deportes, estacionamientos de vehículos, gestoría, guardería infantil, hogar de ancianos, hogar de inválidos, panteón, peluquería, sepelios, velatorios, turismo.

	Las mutuales deben demostrar que prestan al menos dos de estos servicios para ser reconocidas por el INAM. Según uno de sus directivos, se ha registrado un cambio en este aspecto en los últimos años: se ha ido incrementando la inscripción de mutuales que prestan aquellos servicios más básicos -como la ayuda económica o la asistencia médica-, en detrimento de servicios que podrían denominarse secundarios -como peluquería, pedicuría o recreación. 

	En este organismo existe algún tipo de información estadística diferenciada hasta el año 1987, y datos sobre la cantidad y distribución geográfica de las mutuales hasta el año 1990. Actualmente se están informatizando todos los datos.
	
	Hacia abril de 1990 había 4999 mutuales registradas. La mayor cantidad (gráfico 3) se concentraban en Buenos Aires (25%) y Capital Federal (22%). Le siguen Santa Fe (15%), Córdoba (9%) y Mendoza (5%).                                                                                                                                        

				Gráfico 3

	Hacia 1987, sobre un total de 3784 (gráfico 4), la mayor proporción de mutuales eran aquellas que prestaban servicios especiales (41%). El resto se distribuía en el rubro salud (24,5%), económicas (21,5%) y educativas y culturales (13%)

	Para la misma fecha, se estimaba la cantidad de asociados en 5.706.456. La mayor cantidad se concentraban en Capital Federal (47%), Santa Fe (18%) y Buenos Aires (17%).

				Gráfico 4

d. Conclusiones

	La fragmentación de los datos en diferentes fuentes de información no permite una aproximación cuantitativa exacta al tercer sector. En cambio, estos datos sí permiten vislumbrar la  importancia de las instituciones de la sociedad civil desde muy temprano en la historia argentina.

	Las figuras principales con que el Estado reconoce a las instituciones del tercer sector son las de asociación civil y fundación, ambas registradas por la Inspección General de Justicia. Si bien el registro de fundaciones está actualizado por haberse realizado un reempadronamiento en 1993, no es así en el caso de las asociaciones civiles, cuyo registro data desde principios de siglo. Por otro lado, no existe ningún tipo de desagregación de la información por áreas temáticas o por regiones geográficas que permitan alguna inferencia  o comparación con otras fuentes.
	
	En el caso de las fundaciones, esta desagregación sí está realizada por la Fundación Aragón, aunque su registro total de estas instituciones no sea exactamente igual al de la Inspección General de Justicia (cuadro 5).

	Otra de las figuras legales con que el Estado reconoce a las instituciones del tercer sector es la de mutual. Éstas están registradas por el INAM, el que posee datos globales hasta la actualidad, y desagregados -por áreas temáticas y geográficas, por ejemplo- sólo hasta 1987.

	El caso de la figura de entidad de bien público, también correspondiente al tercer sector, es diferente. En tanto las anteriores son excluyentes -si bien recién a partir de 1973, cuando se sanciona la Ley Orgánica de Mutualidades estableciendo que la personería jurídica de las mutuales sea otorgada por el INAM y no por la Inspección General de Justicia-, ésta se superpone, constituyéndose en un registro más del Estado que sin embargo no actúa de manera coordinada o compatible con los anteriores.

			Cuadro 5

	

Figura			Fuente				Totales		

Asociación civil		Inspección General de Justicia	11.033
			
Fundación		Inspección General de Justicia	  1.700
			Fundación Aragón		  1.600
			Registro de Ent.Bien Público	     540

Mutual			INAM				  4.999

EBP no gubernamentales	Registro de Ent. Bien Público	  7.885

	Por otro lado, tampoco es totalmente exhaustivo, pues el registro como entidad de bien público no es obligatorio para la existencia jurídica de una institución -como sí lo es su registro como asociación civil, fundación o mutual-, sino que es conveniente para la obtención de algunos beneficios. 
	
	En este caso, además de la información global, sí existen datos desagregados por provincias y por fecha de registro, lo que permite algunas inferencias -aunque no su comparación o compatibilización con las otras fuentes, por lo antes mencionado-. No existe una desagregación temática, y aunque están diferenciadas las fundaciones su total es muy diferente al de la Inspección General de Justicia y la Fundación Aragón (cuadro 5).

	Finalmente, cabe agregar que desde el seno de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación se ha puesto en marcha a partir del 1 de marzo de 1995 el Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC) cuyo propósito es "afianzar la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil en el marco de un nuevo modelo de gestión de las políticas sociales". El CENOC se ha dado como primer tarea realizar un relevamiento de todas las organizaciones comunitarias del país, incluyendo a todas las privadas sin fines de lucro.

IV. LA DEFINICION ECONOMICO-FINANCIERA

a.  Sobre la medición del valor agregado de las instituciones sin fines de lucro

	Pretender realizar una estimación exhaustiva del valor agregado bruto (VAB) correspondiente a las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL), para Argentina es una tarea inédita. 

	La razón fundamental, se debe a que, tal como mencionan H. Anheier, G. Rudney y L. Salamon (1992), el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN-NU) de Naciones  Unidas Revisión 3 (vigente desde el año 1968) y al que la Argentina adhiere, incluye en un solo sector, conjuntamente con las instituciones motivo del presente trabajo, a los hogares. 

	Esta situación es aún más complicada, puesto que la estimación que se realiza en Argentina para el conjunto de los agentes antes mencionados (hogares e IPSFL) es incompleta, a partir de la falta de información básica; como consecuencia de esto solamente se estima uno de los componentes (el consumo) de la cuenta de los hogares e IPSFL y a éste se lo obtiene como saldo o residuo.

	Como consecuencia del cambio en el año base de las estimaciones (se pasó del año 1970 al año 1986, el equipo de Cuentas Nacionales encargado de realizar tal revisión, se propuso elaborar las cuentas de producción para las instituciones privadas sin fines de lucro, adelantándose como en otros tópicos a los conceptos que en la actualidad forman parte del SCN'93 Revisión 4. 

	Lamentablemente, el esfuerzo realizado no tuvo un final acorde, puesto que se consiguieron sólo estimaciones parciales e incompletas de este sector.

	La falta de información básica, la complejidad del sector y la presunción de que el valor agregado bruto que las IPSFL aportan al Producto Interno Bruto (PIB) no es considerable, conspiró contra la continuidad de dicho trabajo.

	Evidentemente, se puede obtener una primer conclusión de lo hasta aquí mencionado, y es que al igual que buena parte del mundo las estimaciones correspondientes a las IPSFL están subestimadas, y que cualquier esfuerzo en mejorar las estimaciones redundará en hacer crecer su participación en el total del PIB.

	Una aproximación más detallada a la problemática del sector en Argentina implica considerar las dificultades que existen para su medición. Brevemente se puede decir que existen cuatro características inherentes específicamente, a las IPSFL, que constituyen factores limitantes para las estimaciones, a saber:

	a) inexistencia de antecedentes respecto a estimaciones sectoriales específicas de este sector;

	b) inexistencia de base de datos relacionadas;

	c) diversidad de actividades incluidas dentro de las IPSFL;

	d) dificultad para discernir cuando una organización es una IPSFL.

	En función de lo mencionado precedentemente, para la realización de un estudio más analítico del sector en Argentina se debe focalizar, en primer lugar, cual es centro de atención de la literatura internacional sobre medición de las actividades de las IPSFL en la actualidad, para, en un segundo lugar traducir esos conceptos a las posibilidades de Argentina. 

	Los especialistas en esta materia a nivel mundial (ver bibliografía), tienen como principales temas de debate, en lo que respecta al estudio de las IPSFL, a los siguientes puntos: 

	a) definir qué es una IPSFL; 

	b) elaborar una clasificación, y finalmente, 

	c) elaborar métodos adecuados para la estimación de las IPSFL previamente definidas. 

b. Cómo se definen las IPSFL

	El problema que tiene implícito el buscar la definición para las IPSFL, es crucial, y así lo entiende el conjunto de profesionales consultados, puesto que queda claro que a partir del concepto de IPSFL que se defina es el tamaño e importancia del sector que eventualmente se procederá a estimar.

	Tomando como un punto de partida, el hecho que prácticamente la totalidad de los especialistas aceptan al Sistema de Cuentas Nacionales, elaborado por las Naciones Unidas (SCN-NU) como el marco a partir del cual se deben realizar las distintas consideraciones que se crean necesarias, es que se tomará como dato esta situación descartando algunas otras alternativas presentadas por los distintos autores consultados.

	En función de lo anterior y a partir de lo que múltiples trabajos internacionales sostienen, cabe comenzar señalando que el SCN-NU en su renovada versión 1993, distingue 5 tipos distintos de IPSFL, a saber:

	i) IPSFL que producen bienes y/o servicios "de mercado", utilizados principalmente por el sector productivo, financiadas básicamente por aquellos que reciben el bien y/o servicio.  Cabe mencionar a las asociaciones profesionales (de distinto tipo) creadas por los productores de los bienes y/o servicios con el fin de promover a los intereses de aquellos. El SCN trata a los pagos por cuotas o suscripciones realizados por los miembros de las asociaciones como si fueran pagos por los servicios prestados;

	ii) IPSFL que producen bienes y/o servicios "de mercado", utilizados principalmente por los hogares, quienes pagan una proporción elevada del costo del bien y/o servicio que perciben, siendo las instituciones proveedores del servicio de salud, de educación y de esparcimiento (pensar en el funcionamiento de los clubes de fútbol), las principales actividades incluidas dentro de esta categoría. 

	Es indudable que las instituciones incluidas en los dos grupos recientemente mencionados, conforman el conjunto de actividades que generan el mayor valor agregado. Si bien es sumamente difícil mensurarlo, se puede decir que en el marco de las cuentas nacionales argentinas, actividades tales como educación privada, hospitales de colectividad, clubes de fútbol, consejos profesionales, etc. quedan incluidos dentro del sector productor de bienes y/o servicios privados.

	iii) IPSFL que producen bienes y servicios "no de mercado", utilizados por los miembros que conforman la IPSFL. Estas IPSFL son creadas por la asociación de personas u hogares con el fin de proveer bienes y/o servicios, para beneficio de los propios miembros, al mismo tiempo que son éstos quienes financian su funcionamiento mediante el pago de suscripciones o cuotas;

	iv) IPSFL que producen bienes y servicios "no de mercado", comprometidas en la realización de actividades con fines caritativos o "intangibles" (partidos políticos). La característica principal que posee este tipo de IPSFL, es que la institución que provee el bien y/o servicio ofrece a personas que no son miembros de ella, a partir del hecho de las necesidades que los sujetos receptores tienen, a la vez que los recursos con los que cuentan provienen básicamente de contribuciones o suscripciones que los miembros que ejercen el control de la IPSFL realizan regularmente, a pesar que también se verifican donaciones del público en general así como del gobierno. Ejemplos de este tipo de instituciones lo encontramos en: iglesias, partidos políticos, organizaciones de caridad etc.;

	v) IPSFL que producen bienes y servicios "no de mercado", financiadas y controladas por el gobierno. En este caso la característica es que si bien la IPSFL en cuestión es una entidad legal separada del gobierno, y realiza actividades que benefician al conjunto de la población, cuentan básicamente con recursos públicos. Cabe agregar que el SCN (Rev. 3) distinguía dos tipos de organizaciones incluidas dentro de este grupo: a) Instituciones sin fines de lucro que proveen servicios "no de mercado" al gobierno; y b) Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y son sostenidas por el gobierno, es decir IPSFL que proveen bienes y/o servicios a los hogares que son pagados, ya sea en su totalidad o en buena parte por el gobierno. Si el servicio brindado fuera sin costo alguno para los hogares, el SCN, trata a esta transacción como una transferencia del gobierno a los hogares. Si los hogares hicieran algún tipo de pago, el SCN trata a ese pago parcial como una compra de un servicio por parte del gobierno.

	Ahora bien, una vez presentadas, sucintamente, la definiciones que sobre las IPSFL realiza el SCN, la cuestión importante pasa por determinar para cuál de los 5 tipos de IPSFL, el sistema acepta que se registren cuentas de producción independientes. 

	Este, claramente, es el punto en torno del cual giran gran parte de las discusiones, puesto que el Sistema de Cuentas Nacionales acepta que se elaboren cuentas de producción para las IPSFL señaladas en los apartados iii) y iv). 

	Cabe agregar, al mismo tiempo, que el SCN distingue, desde el punto de vista institucional, básicamente, 3 tipos distintos de sectores, a saber: 

	a. 	Sector Privado 
		a.1 	Financiero
		a.2.  	No Financiero
	b. 	Gobierno
	c. 	Hogares e IPSFL
		c.1.  	Hogares
		c.2.  	IPSFL

	Esto significa, que los dos tipos de IPSFL que el sistema admite sean individualizados, quedan, de todos modos como una subcategoría del sector institucional "Hogares e IPSFL".

	Las IPSFL señaladas en los dos primeros lugares forman parte, según el SCN, del sector privado, mientras que la mencionada en último lugar integra el sector denominado Gobierno.

	La disquisición que el SCN, presenta, entre uno u otro sector de pertenencia correspondiente a cada IPSFL, la realiza a partir de determinar quien es el financiador básico de cada IPSFL. 

	Para el SCN, las actividades desarrolladas por los primeros dos tipos de IPSFL son en su mayor parte financiadas a partir de la venta en el mercado de los bienes y/o servicios producidos por la IPSFL. Como ejemplo se pueden mencionar dos casos bien claros: establecimientos educativos y establecimientos prestadores del servicio de sanidad. 

	En cuanto a la IPSFL mencionada en quinto lugar, tiene como característica saliente que, a pesar de ser una entidad legalmente constituida y separada del gobierno y que tiene como objetivo realizar algún tipo de investigación y/o desarrollo para beneficio del conjunto de la sociedad, se la considera integrante del sector Gobierno, a partir del hecho que son financiadas, en buena medida, por fondos públicos.

	La exclusión de los sectores más importantes, en cuanto a la generación de valor agregado, hace que los recursos que un gobierno (a través de su agencia estadística, por ejemplo) u organismo internacional (financiando proyectos), pueda dedicar a investigar y desarrollar metodologías superadoras sean escasos.

	Quedan por considerar los dos tipos de IPSFL que son consideradas propiamente como tales bajo las reglas del SCN. La característica principal de estas organizaciones, es que, son "asociaciones de personas que proveen bienes o servicios para beneficio principalmente de los miembros de la organización. La financiación de las actividades de estos tipos de IPSFL corre por cuenta de los miembros de dichas organizaciones, mediante el pago de suscripciones o cuotas" (Stone Tice, 1994).

	Ahora bien, el comentario unánime de la literatura internacional respecto de las IPSFL, es que a partir de la discriminación que el SCN hace de los distintos tipos de IPSFL, quedan incluidos solamente las organizaciones más pequeñas y menos representativas (básicamente faltan las que brindan el servicio de salud, educación, las asociaciones profesionales y comerciales, entre otras).

	Para concluir con esta parte queda por aclarar la posición de los especialistas en IPSFL a nivel mundial. El conjunto de los expertos coinciden en solicitar la vigencia de una definición más amplia respecto que la que adopta el SCN-NU. Cabe recordar que el SCN-NU sólo considera como IPSFL a aquellas que producen bienes y/o servicios "no de mercado", financiadas por el sector privado (hogares o empresas), mientras que la literatura internacional pide que los cinco tipos de IPSFL mencionadas más arriba sean consideradas como IPSFL.

c. Cómo se clasifican a las IPSFL

	Este es el segundo punto clave, puesto que si a una definición de IPSFL adecuada no se incorpora una clasificación congruente, el esfuerzo queda trunco ya que al mismo tiempo que la clasificación es un tema prioritario a los efectos de ordenar la información disponible, es fundamental al momento de pretender realizar comparaciones a nivel internacional.

	Es por ello que el punto de partida que la mayoría de los consultores adoptan para armar la clasificación apropiada, tiene como inicio  a la denominada Clasificación Internacional Industrial Uniforme - Revisión 3 - (CIIU Rev. 3), elaborada a partir de la oficina de estadística de las Naciones Unidas (UNSTAT), ya que tiene la particularidad de estar ampliamente difundida internacionalmente a los efectos de ordenar estadísticas económicas en general.

	Si bien existe consenso acerca de las bondades básicas que tiene esta estructura, también es unánime la crítica por lo pobre que es la clasificación, cuando se trata de ordenar las distintas actividades económicas que pueden aparecer bajo la forma de IPSFL. 

	Queda demostrada esta afirmación en el hecho que la mayoría de las IPSFL quedan incluidas en sólo 3 sectores (salud, educación y otros servicios personales), mientras que la complejidad del sector, a partir de su diversidad, requeriría una apertura sustancialmente mayor.

	Es a partir de la estructura de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que el conjunto de profesionales involucrados en el proyecto generado por la Universidad Johns Hopkins, en el marco de un estudio acerca del sector bajo estudio, propone la implementación de una nueva clasificación, Clasificación Internacional de la Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (CIIPSFL). Esta clasificación, entonces, surge de la CIIU, pero le incorpora el espacio que las IPSFL necesitan, a los efectos de diferenciar los distintos tipos de organizaciones existentes.

	La CIIPSFL se elaboró a partir de consultas realizadas por distintos especialistas pertenecientes a 12 países involucrados en un estudio acerca de las IPSFL. Al igual que la CIIU, la CIIPSFL, utiliza como unidad a la actividad económica. Es por ello que tiene como objeto de estudio al establecimiento y no a la empresa u organización. La razón de tomar como objeto de estudio a la unidad económica, en lugar de la organización en su totalidad, se debe a que se pueden diferenciar los distintos tipos de servicios o bienes que proveen, en tanto es difícil poder realizar estudios que sistematicen el comportamiento de una organización.

	Como característica saliente de la clasificación propuesta, se puede mencionar, entonces, la mayor desagregación de las actividades económicas en las que eventualmente se destacan y/o se pueden incluir, por su importancia, las IPSFL. Como ejemplos de esta apertura se puede mencionar lo siguiente:

	a. Se discrimina, dentro de educación, a las actividades de cultura y recreación de las propiamente educativas;

	b. Se desagrega a los servicios sociales de los servicios de salud (estos a su vez se los distingue por tipo de establecimiento prestador);

	c. Se generan nuevas aperturas para sectores que en la CIIU estaban agrupadas en una sola rama de actividad (Otros servicios sociales y personales), tales como:

		c.1. Medio Ambiente;
		c.2. Desarrollo social y comunitario;
		c.3. Servicios Jurídicos y Partidos Políticos; 
		c.4. Organizaciones Filantrópicas;
		c.5. Organismos Internacionales;
		c.6. Religión; 
		c.7. Asociaciones Profesionales, Comerciales y Sindicales;
		c.8. Otros.

	Se puede agregar, por último que, los autores de la CIIPSFL (Lester M. Salamon y Helmut K. Anheier) sostienen que la misma fue elaborada, a partir de la existencia de cierta información básica, es decir que proponen solamente la reclasificación de la CIIU, a partir de la información desagregada existente. Dejan aclarado que no se proponen como objetivo la elaboración de encuestas especiales, a partir del alto costo que estas implican.

V. LA DEFINICION FUNCIONAL

  	Una alternativa a la vía jurídica y a la económico-financiera es la identificación de organizaciones sin fines de lucro por sus propósitos o funciones. En este caso las fuentes se componen de diferentes directorios y guías elaborados por estas mismas organizaciones -por razones de difusión del tema a que se dedican, o de intentar una mayor conexión interinstitucional-, por el Estado -como iniciativa de organismos particulares-, o por personas individuales. 

	En este caso, una de las desventajas es que los datos son producidos, salvo excepciones, en un momento determinado con el mero propósito de elaboración de guías o directorios, sin actualizarse posteriormente. Además, no son registros exhaustivos, pues al generarse a partir de objetivos diferentes al de fiscalización o con explícitos criterios económicos, el relevamiento de la información se establece con otros criterios y se realiza con otros medios que los del Estado. Por otro lado, pueden permitir una aproximación más cualitativa al sector, así como la visualización de instituciones que de otro modo serían pasadas por alto.
 
	Las fuentes de información sobre las organizaciones no lucrativas, desde un punto de vista funcional, suele centrarse en las cuestiones temáticas. Pero así, como la realidad social es compleja y difícil de definir en clasificaciones temáticas, lo mismo sucede con las fuentes de información. El resultado más común de ello es que entre dichas fuentes se encuentra una gran superposición de organizaciones dado que si hay una característica en un gran cantidad de ONGs en la Argentina es su variedad y multiplicidad de propósitos.

	Sólo a manera de ejemplos, dado que sería una tarea extremadamente difícil y con pocos beneficios prácticos, pueden nombrarse para esta alternativa:

a) organizaciones no gubernamentales conservacionistas, ambientalistas y ecologistas.

b) instituciones pertenecientes a colectividades extranjeras.

c) organizaciones de mujeres o que desarrollan actividades o servicios destinados a mujeres.

d) organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo.

d) establecimientos asistenciales del salud.

e) clubes de barrio.

a. Instituciones dedicadas al medio ambiente

	En el documento-guía Medio Ambiente y calidad de vida, el Consejo Publicitario Argentino presenta un relevamiento de 745 organizaciones no gubernamentales dedicadas al medio ambiente (Consejo, 1991). Este listado se compone del nombre y la dirección de las instituciones, ordenadas alfabéticamente. 

	Como puede verse en el gráfico 5, la mayor cantidad de instituciones se concentran, en este orden, en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

				Gráfico  5

b. Instituciones de colectividades extranjeras
	
	La información sobre las instituciones no gubernamentales vinculadas a las colectividades extranjeras ha sido extraída de la Guía de las Colectividades Extranjeras (Majian, 1988). La autora se propone presentar todas las instituciones sociales extranjeras -específicamente de Europa oriental- existentes en Argentina. Dentro de ellas hay una buena parte que pueden considerarse pertenecientes al sector sin fines de lucro: son las instituciones sociales, benéficas, religiosas, deportivas y culturales.

	La guía se compone de un listado de instituciones para cada país, donde figuran los respectivos nombres y direcciones. Las que pertenecerían al "tercer sector" son las clasificadas como hospitales, hogares, asociaciones y colegios. La categoría de asociación comprende asociaciones culturales y científicas, de beneficencia, sociales y culturales, de gimnasia y deporte, corales.

				Gráfico 6

	Como puede verse en el cuadro 6, es en esta categoría donde se concentran los mayores números. A su vez, y como puede preverse por la historia migratoria argentina, España e Italia son los países a los que pertenecen la mayoría de las instituciones (gráfico 6).

Cuadro 6
Instituciones sin fines de lucro de colectividades	
Argentina -1988-	
	Hospital	Hogar	Asociación	Colegio	Total	
Alemania	1	3	96	36	136	
Austria			7		7	
Bélgica			2		2	
Dinamarca			14	2	16	
España	3	2	540	5	550	
Francia	1	1	22	22	46	
G.Bretaña	1	1	8	6	16	
Grecia		1	17	1	19	
Holanda			5	14	19	
Irlanda		1	38		39	
Italia	1	1	246	50	298	
Noruega		1	2		3	
Portugal	1		15		16	
Suecia		1	9	1	11	
Suiza		1	45	1	47	
						
Totales	8	13	1066	138	1225	
						
Fuente: elaboración propia en base a Majian (1988)	

c. Instituciones relacionadas a la mujer 

	La dispersión de información se nota sobremanera en este campo. La información presentada aquí ha sido extraída de la guía elaborada por la Red de Comunicación Regional entre Mujeres, a partir de encuestas realizadas entre 1990 y 1991 en Argentina y Uruguay (Red, 1991).

	Los datos referidos a Argentina no corresponden a la totalidad del país, sino que se limitan a las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires - a su vez limitada a las zonas sur y oeste.

	La guía consiste en una listado ordenado alfabéticamente conteniendo información sobre 79 organizaciones, con los datos básicos de identificación de cada una, los objetivos, las áreas temáticas y líneas de trabajo, las publicaciones y servicios brindados, y una sección para información adicional de interés general.

	La distribución regional (gráfico 7) muestra características similares a otras fuentes.

			Gráfico 7

d. Organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo 

	La información sobre las llamadas ONGs de desarrollo ha sido extraída de la guía elaborada por GADIS,  que consiste en una muestra compuesta por 211 instituciones. Esta guía pretende ser representativa del universo de ONGs de desarrollo. Las características de éstas serían las de ser 

	"instituciones no gubernamentales, sin fines de lucro, con equipos de trabajo conformados parcial o totalmente por técnicos y/o profesionales, cuyos objetivos son de promoción y desarrollo y que realizan su trabajo en una población de bajos recursos, externa a la  institución, y generalmente a través de la modalidad `microproyecto'". (GADIS, 1992)

	La información disponible acerca de estas 211 instituciones consiste en un listado, donde se detallan ubicación, fecha de creación, posesión o no de personería jurídica, recursos humanos -distinguiendo si es rentado o voluntario, de tiempo parcial o tiempo completo-, áreas temáticas y líneas de trabajo. A estas instituciones encuestadas se agregan otras 53, no encuestadas, y de las cuales sólo se poseen datos generales de identificación y ubicación.

	Observando la distribución por provincia (gráfico 8) del total de instituciones (264) se observa su concentración en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, donde reside casi el 75%. 

			Gráfico 8

	En cuanto a la fecha de creación, la distribución que se observa a lo largo de las tres últimas décadas (gráfico 9) corrobora las afirmaciones que la literatura teórica ha señalado para los países del Cono Sur. En nuestro país se observa que este fenómeno comienza muy lentamente en la década del '60, cuando se crea el 6% del total -muchas de ellas ligadas a la Iglesia católica-. Se afirma en los '70, cuando surge el 18%, especialmente hacia fines de esa década y principios de la siguiente; y se consolida como un producto de la democracia de los '80 con la creación del 55% durante esa década, y del 21% en los tres primeros años del '90. 

Cuadro 7
Areas temáticas de ONGDs

* Comunicación
* Educación
* Organización barrial
* Mujer
* Salud
* Empleo e ingresos
* Vivienda
* Juventud
* Medio ambiente

		Gráfico 9

	De las 211 instituciones encuestadas solo el 11% (24 instituciones) no contestaron el item relacionado a la personería jurídica. Esto evidencia un grado de formalización bastante elevado, pues el porcentaje puede estimarse inferior, dado que hay instituciones que tienen la personería pero no completaron el campo. En cuanto a las áreas temáticas, la clasificación posterior, en relación a las instituciones encuestadas esta expresada en el Cuadro 7.

	

	Con respecto a las líneas de trabajo, también clasificadas posteriormente, predominan capacitación, asistencia técnica, promoción, investigación, educación, difusión, publicaciones, documentación, consultoría y prevención.

e. Establecimientos asistenciales privados no lucrativos

	El Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente del año 1983 realizó una guía con la totalidad de los establecimientos asistenciales de la República Argentina (Ministerio, 1983). Estos datos son del año 1980, y no poseen ningún tipo de agregación. Consisten en un listado de instituciones donde se consigna el nombre, la dirección incluyendo localidad y provincia, el teléfono, el número de camas, y la siguiente clasificación:

 Dependencia administrativa

	-Nacionales:	   Seguros
			   Fuerzas Armadas
			   Universitarios
			   Salud Pública
			   Otros
	
	-Privados:	   Lucrativos
			   No lucrativos
	
	-Obras Sociales: Privadas
			   Oficiales
	
	-Municipales:	   Salud Pública
			   Otros
	
	-Provinciales:    Salud Pública
			   Otros
	-Ent. Lab. Dep.

	-Mixtos oficiales

	
Rama médica

	-rehabilitación física
	-medicina general
	-geriatría
	-psiquiatría
	-pediatría
	-tuberculosis
	-centro de salud mental
	-ortopedia y traumatología
	-oftalmología
	-maternidad-infantil
	-lepra
	-otros

Tipo de establecimiento

	-ambulatorio
	-con internación
	-fiscalización
	-investigación
	-diagnóstico y tratamiento

	El tipo de establecimiento considerado para este trabajo es el privado no lucrativo. Los así calificados corresponden a asociaciones civiles reconocidas como no lucrativas por la Dirección General Impositiva -por ejemplo, la Sociedad Española de Socorros Mutuos o el Hospital Británico.
	
	Como se ve en el cuadro 8, del total de establecimientos asistenciales a nivel nacional, los no lucrativos representan un 2,73%. Considerando el número de camas, la proporción se eleva un poco: 4,64%. 

	De todas maneras, al examinar cada provincia se nota una heterogeneidad muy alta. Mientras que hay regiones que directamente no poseen establecimientos privados no lucrativos -como San Luis, Catamarca y La Rioja-, o los poseen en un grado muy bajo -como La Pampa, con un 0,7%- , hay otras donde los guarismos se elevan en grado considerable.

	Tal es el caso de Capital Federal (cuadro 9), en la que la proporción de establecimientos es del 6,45%, y la de camas del 13,12%. Mendoza es otro caso interesante, en donde la proporción de establecimientos no es muy diferente del total nacional (cuadro 10: 2,05%) pero el número de camas es considerablemente mayor (6,84%). En la provincia de Buenos Aires en cambio, los números son mucho más parejos (cuadro 11): el 5,40% es la proporción de establecimientos privados no lucrativos, los cuales poseen el 4,64% de las camas.	Dada la tendencia al desmantelamiento del sector público es de suponer que ha habido un crecimiento del tercer sector.

Cuadro 8							Cuadro 9
Establecimientos privados no lucrativos		Establecimientos privados no lucrativos	
Argentina - 1980-		Capital Federal -1980-	
Tipo	N° instituciones	N° camas		Tipo	N° Instituciones	N° Camas	
General	191	6030		Rehabilit. física	2	39	
Rehabilit. física	22	53		General	40	3196	
Salud mental	1			Pediátrico	1		
Geriátrico	8	409		Diag. y tratamiento	3		
Pediátrico	5			Otros	5	20	
Investigación	4			Investigación	2		
Otros	18	470		Geriátrico	1		
Maternidad-infantil	1			Tuberculosis	2		
Diag. y tratamiento	8						
Leprocomio	2	4		Total no lucr.	56	3255	
Tuberculosis	4						
				Total  general	868	24807	
Total no lucr.	264	6966		Proporción no lucr.	6,45%	13,12%	
							
Total general	9642	150010		Fuente: elaboración propia en base a	
Proporción no lucr.	2,73%	4,64%		datos de Ministerio (1983)		
							
Fuente: elaboración propia en base a 					
datos de Ministerio (1983)						

Establecimientos privados no lucrativos		Establecimientos privados no lucrativos	
Mendoza -1980-		Buenos Aires -1980	
Tipo	N° instituciones	N° Camas		Tipo	N° Instituciones	N° Camas	
Pediátrico	1			General	87	1529	
Otros	1			Otros	6	450	
Tuberculosis	1			Geriátrico	5	367	
General	3	370		Rehabilit..física	10		
Rehabilitación física	1			Diag. y tratamiento	1		
				Pediátrico	1		
Total no lucrativas	7	370					
				Total no lucr.	110	2346	
Total general	341	5402					
Porporción no lucr.	2,05%	6,84%		Total general	2035	47478	
				Proporción no lucr.	5,40%	4,94%	
Fuente: elaboración propia en base a					
datos de Ministerio (1983)			Fuente: elaboración propia en base  a	
				datos de Ministerio (1983)		
		Cuadro 10                                                 			Cuadro 11

f. Clubes de barrio

	Dentro del Área de Estudios e Investigación en Ciencia, Cultura y Sociedad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ha venido desarrollándose hace cuatro años una investigación sobre instituciones barriales. Éstas son consideradas como parte central del tejido asociativo, y la recuperación de su historia se encuadra en una doble perspectiva:
	
	"mostrar no sólo un aspecto diacrónico de la trama institucional urbana sino fundamentalmente un potencial institucional que debidamente fortalecido podía aportar todo su vigor a distintos proyectos de la comunidad" (Zaffaroni, 1994)

	En esta investigación está comprendido un relevamiento a nivel nacional de estas instituciones - que incluye, por ejemplo, clubes de barrio, sociedades de fomento, mutuales, bibliotecas populares, centros de comunidades extranjeras, comisiones vecinales, periódicos barriales, estaciones de radio FM locales.

	Los datos actualmente existentes son los que pertenecen a Capital Federal, donde el relevamiento ha sido concluido. En el interior del país esta etapa se ha visto realentada, pues se realiza a través de trabajo epistolar. 

	Estos datos se componen de un listado de las instituciones, sus direcciones, su fecha de fundación, y el tipo y la cantidad de socios. Por otro lado, hay una gran riqueza de material cualitativo, que apunta a recuperar "la memoria y el protagonismo de las instituciones barriales".

	Solamente para Capital Federal, la mencionada guía consigna datos de 385 clubes distribuidos en 45 de los barrios porteños.

f. Conclusiones

	Esta vía de acercamiento al tercer sector es aún más dispersa que la vía jurídico legal, en tanto los datos no corresponden a registros globales ni exhaustivos, sino que en general son producidos en momentos puntuales -y generalmente luego no actualizados- y con características acotadas.
                                                                                                                                                                                                                                                                 
		Cuadro 12
		Org. no lucrativas s/tema y fuente
Tema 			Fuente				Cant. instituciones

Medio ambiente		Cons. Publicitario Arg. (1991)		745
Colect. extranjeras	Majián (1988)			             1.225	
Mujer			Red de Comunicación (1991)		 79
Promoción y Desarrollo	GADIS (1992)				264
Asistencia-salud		Ministerio (1983)				264
 Clubes de barrio 		Zaffaroni (1994)				385

	Sin embargo, y aún a primera vista, revela la diversidad de funciones que las organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo en Argentina. Esta  diversidad no es demasiado visible desde los registros de los organismos estatales, pues en general éstos no llevan a cabo una desagregación de los datos, presentando simplemente los totales globales.

VI. EL FINANCIAMIENTO DEL "TERCER SECTOR"

	Similar a las dificultades para estimar la dimensión del sector, la estimación de los recursos se ve limitada a la utilización de ciertas fuentes parciales. Aún así se está lejos de tener un panorama aproximado de los recursos movilizados por las entidades no lucrativas, en la medida que, por ejemplo, sólo se pueden estimar tres tipos de recursos: de la cooperación internacional y del empresariado local por un lado, y, desde otra perspectiva, la información que proviene de las propias ONGs. En lo referente a los recursos provenientes del sector público no hemos podido aún detectar fuentes de información actualizadas ni confiables, las que esperamos poder presentar en próximos informes.

a. Información desde la demanda

	Retomando la información obtenida del relevamiento anteriormente mencionado sobre las ONGs dedicadas a la promoción y el desarrollo social, la encuesta pretendía estimar el presupuesto anual de las instituciones y sus principales tipos de fuentes de recursos. Para ello, se dividió el origen del presupuesto en dos tipos de recursos: recursos financieros y aportes voluntarios. Si bien el primero de estos es fácilmente respondible, la categoría de aportes voluntarios favoreció una cierta confusión en las respuestas.

	De las 172 ONGs entrevistadas, sólo 74 respondieron con datos al cuestionario. La suma de los recursos financieros consignados por ellas es de 9.407.260 dólares. Si se toma esto como una muestra representativa del conjunto resulta en un promedio por institución de 127.125 dólares. Al multiplicar dicho promedio por las 98 instituciones restantes dió la cifra de 12.458.263 dólares. Sumados ambos parciales, los autores concluyen que un universo de 172 ONGs administran anualmente en su conjunto una masa de recursos monetarios del orden de los 20 millones de dólares.

	Por su parte, la categoría de "aportes voluntarios" consignados por 35 ONGs suman 781.200 dólares. Si se observa la distribución al interior de las 74 ONGs y se toman sólo aquellas que tienen 200.000 dólares o más, puede verse que el 22% (16) concentra el 69% (6.450.000) de los recursos. Si de ese conjunto se excluye a 4 ONGs que tienen un perfil de centro de investigación, queda un 16% (12) concentrando el 52% (4.840.000). 

	El análisis de las fuentes de recursos revela también algunos datos de interés. Las respuestas de 157 instituciones delinean un cuadro que si bien no indica la importancia relativa de cada fuente, permite ver cuan generalizadas están entre las ONGs ciertas fuentes de recursos. El Cuadro 13 expresa el origen de las fuentes de recursos, de donde se desprende la escasa importancia que tienen como fuentes de recursos las donaciones empresarias y los subsidios estatales, en comparación con otras fuentes.
	RECURSOS DE LAS ONGs
	(por fuente de origen)

Origen				%		Cant.

Sist. de coooperación internac.
ONGs extranjeras		54			84
Agencias gubern. extranjeras	28		          44	
Agencias multilaterales		15	23
Cooperación bilateral		 9	14

Filantropía local
Donantes individuales		47			74
Fundaciones nacionales		17	26
ONGs nacionales 		 5 	8
Empresas			 8 	12
Colectas 		 8			13

Estado				28			44

Generación propia
Cuotas de afiliación 		37			58
Venta de materiales		33			51
Actividades educativas		26	40
Consultorías 			19	29
Venta de servicios ajenos
 a la actividad principal		 8	12
Operaciones financieras/
	inversiones		 1 	2

Fuente: elaboración propia en base a datos de GADIS, 1992
Cuadro 13

b. Información desde la oferta

b.1. Los recursos internacionales

	Por otra parte, a partir de datos del Foundation Center de Estados Unidos, puede observarse los montos y destinos de las donaciones hechas por fundaciones  norteamericanas a la Argentina en el período reciente. 

	El Cuadro 14 refleja el origen y monto de dichas donaciones.

	Al respecto caben las siguientes aclaraciones:

Cuadro 14
	DONACIONES DE FUNDACIONES
	ESTADOUNIDENSES A LA ARGENTINA
	(1992)

Fundación	Monto (U$S)
Rockefeller	467.300
Ford	1.212.000
W.K. Kellogg	1.405.255
Koch	23.000
H. Luce	25.000
Comunit. P. Rico	12.000
Amoco	10.000
Smith Richardson	25.000
Loyola	10.000
Maclellan	100.000
Inter-American	521.390

Total	3.810.945

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Guide to funding for International Foreign Programs, Foundation Center, 1992 y Inter-American Foundation, Annual Report, 1992.
		
	a) con la sola excepción de las fundaciones Rockefeller y Kellogg, las fundaciones restantes tienen como destinatarios exclusivos a entidades no-gubernamentales de distinto tipo;

	b) la fundación Kellogg muestra el mayor porcentaje de fondos donados a entidades públicas (universidades y ministerios);

	c) la fundación Ford destina casi la totalidad de sus recursos a proyectos de investigación;

	d) la fundación Inter-Americana destinó la totalidad de sus recursos a proyectos de promoción y desarrollo social.
	
	Hasta aquí en lo que se refiere a recursos financieros fundamentalmente. Pero, es bien sabido, que la cooperación internacional abarca una serie de aspectos que van más allá del dinero y que incorpora dimensiones tales como el envío de voluntarios, asistencia técnica y otras formas de cooperación. Según datos del Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (OCDE, 1990), existen más de 57 organizaciones no-gubernamentales de Estados Unidos, Canadá y Europa que trabajan en Argentina o brindan educación al desarrollo en sus propios países con respecto a Argentina.

	La información hasta aquí presentada está lejos de darnos un cuadro acabado de la participación de las ONGs en la cooperación internacional. De cualquier manera, dichos datos, aunque fragmentados y tal vez no coincidentes revelan algunas cuestiones que resulta pertinente mencionar en este estudio. En primer lugar, que los recursos originados en entidades de cooperación internacional, aunque tal vez en menor medida que otros países de la región, tienen una presencia significativa en las ONGs volcadas a tareas de desarrollo, tendiendo a decrecer su importancia si se considera al universo más amplio de ONGs.

	En segundo lugar, que la diversidad de actores que intervienen en dicho sistema es también mucho más heterogénea de lo que se supone. Muchas veces, las presunciones que se realizan se basan en una falta de conocimiento, derivado de la inexistencia de fuentes confiables o centralizadas de datos. Esta carencia dificulta también realizar estimaciones sobre las tendencias históricas que han tenido los fondos de la cooperación internacional.

	En tercer lugar, y por último, es interesante observar que la participación de las ONGs en el sistema de cooperación internacional no se limita a ser meramente receptores de fondos sino que incluye otras formas de trabajo, lo que se expresa por la presencia en el país o la labor en sus propios países de ONGs que no son donantes pero que transfieren otro tipo de recursos materiales o simbólicos a las ONGs argentinas.

	Por otra parte, en un reciente estudio que realizamos a partir de una encuesta con diez organizaciones no gubernamentales se puso de manifiesto que existe una presencia de agencias de cooperación internacional con base en Alemania, Holanda, Bélgica, España, Suecia e Italia y, solamente en un caso, con Francia. Luego, y mucho más concentrado en cuanto al número de agencias, vienen Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, no sucede lo mismo con los montos otorgados. Aunque no todos los encuestados brindaron información cuantitativa, es fácilmente observable que las mayores donaciones provienen de los Estados Unidos aunque, como ya dijimos, originados en un número menor de instituciones (Thompson, 1994).

b.2. Los recursos nacionales privados

	En una muy reciente investigación (Roitter, 1994) sobre la filantropía empresaria en Argentina, se evidenció que entre las principales empresas del país existe una tendencia creciente a la donación de fondos para propósitos de bien público a través de fundaciones vinculadas directamente con la empresa. Si bien la búsqueda de datos presentó una serie de dificultades -que hablan de la poca transparencia existente en este campo-, los mismos son reveladores.

	Según el autor mencionado, el tamaño teórico de la oferta de fondos de origen empresario en el "mercado de la beneficencia" -bajo el supuesto de que los "grandes contribuyentes nacionales" hubieran destinado el 1% de sus utilidades a realizar donaciones- puede situarse en el orden de los 45 millones de dólares para el año 1992.

	Sin embargo, lo efectivamente donado por el importante grupo de empresas que cuentan con fundaciones (30) alcanzó a los 11 millones de dólares, durante el mismo año. Si bien la muestra abarca a un número menor de las grandes compañías argentinas, la distancia entre el tamaño teórico de la filantropía empresaria y los datos obtenidos, constituye un buen indicador del potencial existente en este campo. Asimismo, es preciso destacar que sólo una parte menor de estos fondos han sido destinados a financiar actividades de organizaciones sin fines de lucro.

	En el estudio mencionado se señala también que las exenciones impositivas que puedan obtener las empresas a través de donaciones no parece tener una incidencia determinante en el nivel alcanzado, dado que existen otros canales para desgravación impositiva más eficaces. Este fenómeno ha sido también señalado en otros países, aunque no debe menospreciarse la influencia que pueda tener una reforma impositiva en promover y estimular el desarrollo de este campo.

VII. COMO MEDIR EL TERCER SECTOR

	Según se desprende de los datos presentados anteriormente, la diversidad de fuentes de información, la falta de estadísticas y de bases de datos relacionadas, así como los problemas previos de definición aparecen como las mayores dificultades para la medición de la dimensión y el alcance del "tercer sector" en Argentina.

	Queda entonces por presentar las consideraciones que la literatura internacional aporta a los fines de lograr una medición lo más ajustada posible del valor agregado correspondiente a las IPSFL. Inevitablemente, tanto por el acceso a la información como por la capacidad de cobertura y acción, tal tarea sólo sería posible de realizar dentro del ámbito del sector público, o bien a partir de una tarea conjunta de investigación con instituciones académicas. Los pasos propuestos son los siguientes:

	a. Utilizar las encuestas de empleo existentes, de modo de obtener el nivel de ocupación para cada actividad desarrollada por una IPSFL;

	b. Transformar la información anterior, de modo tal de poder estimar el gasto de las IPSFL por actividad económica, en función de asignar salarios promedio a los ocupados estimados en el paso anterior;

	c. Calcular el ingreso de las IPSFL a través del gasto estimado previamente, utilizando para ello información del tipo de la que surge de una matriz insumo-producto.

	Cabe mencionar, que la metodología propuesta solo puede ser utilizada en aquellos casos en que no se cuente con información directa acerca de cual sea el ingreso que la actividad registre. Para todos los otros casos, es decir, para aquellos en los que no se cuenta con información básica, se considera pertinente estimar el ingreso del sector via el gasto y este, a su vez, a través del empleo.

	La secuencia del método propuesto implica, incorporar -si corresponde- en las encuestas de empleo vigentes, una pregunta acerca si el establecimiento encuestado es público, con fines de lucro o sin fines de lucro. 

	Como resultado del procesamiento de la encuesta se puede obtener, la cantidad de ocupados por actividad económica y por tipo de establecimiento y el salario medio por actividad y tipo de establecimiento. 

	Se debe agregar, por otra parte, a toda esta información la cantidad de ocupados voluntarios que, eventualmente cada actividad puede tener.

	Para el caso específico del estudio llevado adelante por el Johns Hopkins Comparative Nonprofit Project, utilizaron una matriz insumo-producto, con información para actividades lucrativas y no lucrativas, dependiendo del país, para llegar a los costos totales, a la vez que procedieron a imputar un salario medio para los trabajadores voluntarios. Sólo se realizaron encuestas especiales en los casos en que de la matriz no se obtenía información.

	Finalmente, con el objetivo de conocer, el total de los ingresos de las IPSFL, es prioritario identificar previamente, para cada IPSFL, el origen de sus recursos, de modo de poder establecer un orden de importancia.

	La propuesta básica consiste en recurrir a las 2 fuentes que pueden suministrar este tipo de información:

	a. El que da el dinero: ya sean donaciones, cuotas de miembros, cargos por servicios, etc.;

	b. El que recibe el dinero.

	El objetivo de solicitar información a las dos partes involucradas, no es más que para chequear los resultados a los que se llega por una vía (el que da el dinero) con los que se obtendrían luego de utilizar la otra fuente (el que recibe el dinero). En ambos casos, sería preciso realizar encuestas focalizadas.

	Ahora bien, qué grado de compatibilidad pueden tener todos los estudios mencionados previamente con la realidad estadística de la Argentina, es el tema que se tratará seguidamente.

	En primer lugar, hay que decir que, dado lo restringido de la definición actual de lo que es una IPSFL, se produce una subestimación de la relevancia del sector, tal y como sucede, aparentemente en el resto del mundo. Esto se debe, claramente, a que los sub-sectores sin fines de lucro más representativos (como los servicios de salud y educación, asociaciones profesionales y comerciales, entre otros) quedan incluidos dentro del sector privado. 

	Utilizar una conceptualización distinta a la vigente para definir al conjunto de IPSFL, a la manera de la propuesta presentada por la literatura internacional, tiene como implicancia directa una revaloración del sector, ya que y como sucede a lo largo del mundo, únicamente quedan incluidos estrictamente como IPSFL sectores poco relevantes o con serias deficiencias, en cuanto a su relevamiento, tales como: Iglesias, Asociaciones Filantrópicas, Organizaciones protectoras del medio ambiente o de promoción y desarrollo. 

	Cabe recordar, al mismo tiempo, que las cuentas nacionales argentinas no registran la apertura que el SCN-NU indica, entre Hogares e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro. Esto implica que conforman un solo sector institucional.

	Sería deseable revertir esta situación, y es probable que el primer paso dirigido en ese sentido sea el Censo Nacional Económico que, durante los meses de agosto y septiembre de 1994, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) pone en marcha. A partir de los primeros resultados censales, se espera obtener un padrón o directorio de todas las actividades económicas existentes, con la cantidad de ocupados, ventas y costos totales. Esta información puede ser el punto de partida para iniciar el proceso de estimación, tal como lo plantea la literatura internacional. Al mismo tiempo, el directorio obtenido va a servir como base para el armado de la segunda etapa del censo (prevista para el segundo trimestre del año 1996). En ésta se deja de lado la metodología utilizada en la primera (barrido), pasándose a utilizar una encuesta más profunda, en cuanto a la información a requerir, por muestreo estadístico.

	De todas maneras, no sería factible, pretender que en el corto plazo se pueda utilizar las definiciones que aportan los especialistas internacionales consultados, de modo de generar un sector "sin fines de lucro" que verifique su real dimensión, puesto que como se expuso, la encuesta se llevará a cabo recién en el año 1996, presumiéndose que los primeros resultados estarán disponibles en el año 1997.

	En cuanto al tema de la clasificación, cabe decir que no existen dudas que el debate pasa por determinar cuál va a ser el clasificador que se va a utilizar, dado que no existen dudas respecto a que la unidad motivo de análisis debe ser el establecimiento y/o local y no la organización en su conjunto.

	Es probable que la CIIU (Rev. 3) no sea el clasificador más adecuado para medir u organizar a las IPSFL, tal como exponen L. Salamon y H. Anheier, siendo el clasificador por los autores recientemente mencionados, el CIIPSFL (Clasificación Internacional para Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro) probablemente más adecuado. Pero habrá que ver la conveniencia de incluir un nuevo clasificador, cuando ya se torna difícil, tanto para Argentina como el resto de América Latina, convertir sus series de PIB realizadas con la nomenclatura según el CIIU Rev. 2 al nuevo CIIU Rev. 3.

	Pareciera más prudente, en una primera etapa, realizar una apertura, modificando al CIIU Rev. 3, de modo de aproximarse al clasificador propuesto por los investigadores del Johns Hopkins University. Asimismo, resulta de dudosa probabilidad que, en Argentina se trabaje con la apertura propuesta a partir del CIIPSFL, dada la baja calidad y la ausencia de generadores de estadística básica.

	Respecto del complejo tema que implica estimar el VAB correspondiente a las IPSFL, existen dos fuentes de información básica fundamental, que sirven de soporte para buena parte de las estimaciones sectoriales, estas son: a) Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) y b) Censo Nacional Económico (CEN).

	Respecto del CNPV, se puede decir que un subproducto que se puede obtener, de importancia sustancial al momento de estimar el VAB, es que a partir de la cédula ampliada del censo, que incluyó preguntas acerca de la actividad a la que dedica el empleador (en caso que la persona censada trabajara), se puede elaborar un cruce entre la rama de actividad con la categoría ocupacional (asalariado-no asalariado y público-privado) y con grupo ocupacional (por ejemplo: profesional -abogado, médico, etc.-, chofer, maestro, secretaria, mantenimiento, etc.). 

	A partir de la realización de procesos como los mencionados se podría obtener una discriminación de los ocupados a 3 dígitos siguiendo la clasificación CIIU Rev. 3 (por ejemplo: Educación por nivel, etc.); esto permitiría acotar el campo objeto de estudio, a la vez que permitiría chequear los resultados con fuentes alternativas (como las encuestas de empleo mencionadas por los especialistas), a la vez que, como se verá más adelante, con los resultados del CEN.

	Dado que el CNPV se realizó en mayo del año 1991, está previsto que los primeros resultados del tipo de los mencionados anteriormente puedan estar listos, en el transcurso del primer semestre del año entrante.

	Respecto del CEN'94, partiendo de la base que el mismo será encarado siguiendo los principio de la Revisión 4 del Sistema de Cuentas Nacionales, recientemente concebido, se indagará acerca de la forma en que esta constituida la empresa. Es de esperar, entonces que, una vez finalizado el relevamiento y posterior procesamiento de la información, lo cual presuntamente puede llegar a ocurrir, en el segundo semestre del año 1995, se podría contar con antecedentes válidos como para encarar un estudio respecto de las IPSFL.

	Existe una tercer fuente, que a los efectos de la estimación de las IPSFL, es de suma importancia, como ya señalamos: la Inspección General de Justicia (IGJ). A partir de información de esta institución, se puede elaborar un padrón de todas las organizaciones constituidas bajo la forma de IPSFL, debido a los requisitos legales existentes. 
 
	Cabe agregar, por otra parte, que la IGJ puede ofrecer, en los Balances, (que son de presentación obligatoria, aunque esto no ocurra en la práctica) un instrumento fundamental a los efectos de nuestro estudio, que como consecuencia del bajo nivel de crecimiento de los precios, que se registra en el presente, vuelve a ser válido.

VIII. CONCLUSIONES

	El análisis de la información presentada permite llegar a varias conclusiones de relevancia para la estimación y la comprensión de qué es el "tercer sector" en la Argentina.

		La hipótesis de la diversidad de fuentes de información, así como de la incompatibilidad de los datos de las mismas, quedó efectivamente corroborada a partir de esta investigación. No obstante, esa diversidad de fuentes revela también la gran variedad institucional y cobertura de las entidades no lucrativas.

		Aún cuando no han sido consultadas todas las fuentes posibles (faltando, por ejemplo, la nómina de entidades aportantes a la Unión de Trabajadores de Entidades Civiles y Deportivas, que nuclea a los trabajadores de las entidades sin fines de lucro), la información recogida brinda un panorama bastante cercano de la extensión y la diversidad del universo de entidades no lucrativas del país.

		Las definiciones ad-hoc utilizadas para la medición o el registro de sub-sectores determinan el universo a medir y, por lo tanto, contribuyen a la incompatibilidad de los datos. De igual manera, lo mismo sucede al intentar establecer clasificaciones por área temática. Tal es el caso de las entidades de bien público, las fundaciones o las organizaciones no-gubernamentales de promoción y desarrollo.

		Todas las fuentes coinciden, sin embargo, en identificar como el area de mayor concentración de entidades no lucrativas a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires.

		Existen condiciones generales que hacen viable, en el mediano plazo, encarar un proyecto para estimar el VAB de las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro. Para que esto sea factible resulta necesario realizar previamente al menos dos tareas fundamentales, a los efectos de poder concretar con éxito un estudio de la magnitud que se pretende.

		* En primer lugar se debe fijar en forma conjunta y consensuada, con los organismos generadores de estadística básica y con la Dirección de Cuentas Nacionales, la definición de IPSFL que se va adoptar, de modo de no creer que por definirlas de tal o cual manera a las IPSFL es que el trabajo esta resuelto.

		* En segundo lugar, se debe acordar la secuencia de sectores que se pretenden estudiar. 

		Esto implica que no es viable la realización de estimaciones para el total de las actividades económicas que potencialmente pueden esta involucradas en las IPSFL, porque desarrollar una metodología que permita obtener aceptablemente tanto el nivel como la evolución de cada actividad es una tarea compleja y de largo aliento.

	Por último, cabe decir que como conclusión general de este estudio se desprende que estamos en presencia de un sector institucional de gran relevancia en la sociedad argentina, frecuentemente ignorado por los decisores políticos y económicos. Ello es de gravedad en la medida en que sin políticas apropiadas dirigidas hacia este amplio grupo de instituciones de la sociedad civil, cualquier política social está destinada a no tomar en cuenta las necesidad de los beneficiarios y, en consecuencia, no servir para los propósitos enunciados. Adicionalmente, al no recurrir a la capacidad instalada en el campo de instituciones pertencientes al "tercer sector" se está desperdiciando un potencial de recursos humanos y materiales invalorable.

	Lo dicho no es de ninguna manera una exageración. O, ¿acaso podría pensarse una sociedad donde las colectividades no tuvieran instituciones que las nuclearan y les dieran identidad?; ¿barrios donde los clubes e instituciones locales no existieran?; ¿consumidores, vecinos y usuarios de servicios que no contaran con asociaciones de distinto tipo que los defiendan?

	Los datos aquí presentados dan cuenta, en definitiva, de una enorme fuerza social invisible que moviliza una incontable cantidad de recursos, talentos, motivaciones y esperanzas. Esperamos haber aportado a que este sea visible y, de esta manera, ocupe el lugar que le corresponde en la política y en la economía.

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