Actualmente, las demandas de visibilidad y reconocimiento de las identidades particulares y de las diferencias en el espacio público han cuestionado las políticas de asimilación o de tolerancia, practicadas hasta no hace mucho en nombre del principio moderno de la igualdad, entendido ahora como uniformador y poco inclusivo. En este sentido, el imaginario liberal de una ciudadanía unitaria u homogénea ha empezado a esfumarse del horizonte. El asunto, por una parte, es de qué manera la construcción de la ciudadanía en el espacio público escolar, particularmente en contextos multiculturales, pueda seguir representando un espacio común de convivencia, sin anular ni asimilar las diferencias culturales. Por otra, cómo articular espacios (escolares y sociales) de integración ciudadana, respetuosos con las identidades culturales.

Vivimos en una situación paradójica en que, por una parte, las diferencias culturales en nuestras sociedades globalizadas e informacionales son, probablemente, menores que en otros momentos históricos. No en vano los medios de comunicación imponen un modelo cultural y son auténticas “fábricas” de asimilación cultural, cuando no de hibridación entre unas y otras. En este contexto en que lo global ahoga y extinge la diversidad, bajo una mayor homogeneización cultural, emerge con fuerza la reafirmación de lo culturalmente propio. Estas diferencias son ahora vividas como identidades propias. De ahí que la reivindicación identitaria y la exigencia de su reconocimiento sea mayor que nunca.Un tema silenciado hace unas décadas se ha convertido en centro de la discusión social, afectando a las metas, sentido y prácticas docentes de la educación pública. Por su parte, el incremento de inmigración a los países occidentales europeos (provocada por la globalización, neoliberalismo y la baja natalidad) está dando lugar a sociedades crecientemente pluriculturales que exige, paralelamente, una respuesta escolar.

El proyecto moderno fue subordinar la cultura individual a lo colectivo (por ejemplo, a través de la moral cívica de la escuela), donde las identidades y creencias individuales quedaban relegadas al ámbito privado. Los análisis críticos y postcríticos pusieron de manifiesto que dicha lógica, no neutral en la práctica, se subordinaba a la reproducción de la cultura dominante, pero también, como entrevió –entre otros– Durkheim, sin cohesión social no cabe sociedad. Si lo individual tiene que transformarse en colectivo, y sin esto no hay acción educativa, actualmente sólo se puede hacer a través del reconocimiento de la diversidad. Es objeto de discusión si dicho reconocimiento ha de entenderse desde un pluralismo liberal, desde la reafirmación de cada cultura en currículos diferenciados (multiculturalismo postmoderno) o, mejor, desde una ciudadanía compleja.

Todo ello conlleva, a su vez, cuál deba ser el papel de la escuela y la cultura en la conformación de una ciudadanía o –en otros términos– cuál deba ser la pai- deía que constituya a individuos diferentes en ciudadanos, en una escuela común donde las identidades ya no son sentidas como comunes. Una escuela que surgió como integración –cuando no simple “asimilación”– de la diversas identidades, reivindica hoy conservar dichas adhesiones identitarias en su propio proyecto institucional. El asunto está a la orden del día, hasta tal punto que toca uno de los más célebres debates en nuestra modernidad tardía (Habermas vs.Taylor). Además, tiene su expresión en si se ha de defender un currículum común para toda la población o el currículum debe ser expresión de los hechos, personajes, historia, lengua y costumbres del grupo étnico o cultural a que pertenece el alumnado.

La educación pública y los valores compartidos

La educación de la ciudadanía, históricamente, ha formado parte del núcleo de la escuela pública, que ha considerado que una de sus tareas básicas era preparar a las jóvenes generaciones para vivir y ejercer el oficio de ciudadano en una comunidad configuradora de la nación. De hecho, el currículum nacional (o “programas” de enseñanza) ha tenido como misión la integración, entendida como un proyecto uniformador que busca la homogeneización cultural y lingüística de los individuos, sobre la base de subordinar las identidades culturales particulares al proyecto de creación de una ciudadanía nacional. En ese sentido, la educación pública no ha nacido para reconocer la diversidad sino, más bien, al servicio de una política de homogeneidad; precisando hoy, por tanto, ser debidamente reformulada para integrar la diversidad cultural y el reconocimiento de las diferencias, sin que ello pueda conducir, como ha alertado Neil Postman, a su fin.

Contribuir a construir una ciudadanía en la escuela puede seguir siendo una buena alternativa a determinadas propuestas multiculturalistas, conciliando en un marco común el pluralismo y la creciente multiculturalidad. Lograr una nueva articulación entre identidad y ciudadanía, estimo, es una de las cuestiones más relevantes en un discurso actual sobre la educación pública. Más allá de la tradición liberal, sin caer en los excesos comunitaristas, conjuntando propuestas del republicanismo cívico, la Educación para la Ciudadanía puede ser debidamente resituada, actualizando la misión originaria de la educación pública y dándole vigencia.

Educar para el ejercicio activo de la ciudadanía puede, pues, seguir dando sentido a la educación pública como “escuela común”, entendida no sólo como espacio geográfico, sino como marco común compartido. En efecto, lo que da coherencia a la educación pública es aprender a vivir en común, con el conjunto de “virtudes públicas” que dan estabilidad y vigor a las instituciones democráticas. Por eso, la educación para la ciudadanía activa y responsable es hoy una preocupación común en los sistemas educativos, situándose en la agenda actual de reformas, incluida nuestra reciente Ley Orgánica de Educación. Entendemos la Educación para la Ciudadanía como algo más que una asignatura, para identificarla con el currículum básico que deben adquirir todos los ciudadanos.

La educación de la ciudadanía tiene que integrar la diversidad cultural y el reconocimiento de las ciudadanías múltiples, en una formulación compleja. En este sentido, una educación intercultural puede ser entendida y practicada como una educación para la ciudadanía, que posibilite la convivencia en un marco común. Así, en el espacio público común de la escuela, una ciudadanía “integrada” corre el grave riesgo de ser homogeneizadora o asimiladora, pero una ciudadanía “diferenciada” según cada identidad cultural no nos llevaría lejos, dado que el derecho a la diferencia debe seguir siendo reequilibrado con el imperativo de la igualdad. En este sentido, una concepción republicana de ciudadanía puede constituir una buena base para conciliar la diversidad cultural y la educación pública.

En un momento, como el actual, en que el Estado se ha hecho vulnerable ideológicamente para enseñar en las escuelas unos valores comunes (como se puede ver, entre otros, en determinadas polémicas en USA sobre los contenidos de los currículos, el cuestionamiento de la laicidad en la escuela francesa y, más recientemente, en España con motivo de los contenidos de la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, con la llamada por organizaciones familiares de signo conservador a la “objeción de conciencia”), se hace más necesario que nunca reivindicar la tarea de la educación pública de integrar a la ciudadanía en unos principios y valores comunes, aun cuando admitamos que deba ser reformulado para no dar lugar a ser –como lo fue– un instrumento para la homogeneización lingüística y cultural.

Educar ciudadanos en un contexto de diversidad cultural

La cuestión central en educación, como hemos apuntado antes, es cómo la ciudadanía, debidamente reformulada hoy, pueda ser un modo de conciliar el pluralismo de la escuela común y la condición multicultural. Entre la Escila de una ciudadanía homogénea (asimilacionismo) y la Caribdis de una ciudadanía diferenciada (segregación o marginalización), la educación intercultural de la ciudadanía busca compatibilizar un núcleo ético y cultural común con el reconocimiento de las diferencias de cada grupo y con los contextos locales comunitarios. Además de la lengua propia, el currículum ha de ser rediseñado de manera que incluya también los saberes, conocimientos y valores de la cultura originaria. Esto no excluye incorporar los elementos y contenidos de la cultura mayoritaria y de la universal.

Fuente: por Antonio Bolívar, Exodo.org (Revista Éxodo) - Se reproduce bajo lic. Creative Commons.

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