"Verdaderamente,
vivo en tiempos sombríos. Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa
'revela insensibilidad. El que ríe es que no ha oído aún
la noticia terrible, aún no le ha llegado. ¡Qué tiempos éstos
en que hablar de árboles es casi un crimen porque supone callar sobre tantas
alevosías!"
Bertolt Brecht escribía
desde el exilio. Era 1938, pero podría ser hoy. Mientras campesinos, indígenas
y otras víctimas del llamado "progreso" protestan por sus derechos
más elementales -a sus tierras y territorios, a sus semillas, a sus recursos,
a vender sus productos en un espacio público-, los de arriba responden
con cinismo y violencia inusitada, como si estas demandas fueran un insulto. Como
si campesinos e indígenas no formaran parte del "público"
de los espacios públicos. Personajes que recuerdan un híbrido de
niños ricos con dictadores del Cono Sur se pavonean en los medios afirmando
que son los pobladores los que ejercen "violencia", no los miles de
efectivos armados que lanzan contra ellos. Otra vez, como en épocas de
Brecht, quienes hablan de paz significan guerra.
Hoy
hablar de árboles -o de flores- es nombrar alevosías. Sobre todo
cuando los bosques y los recursos naturales son codiciados por las grandes empresas
madereras, petroleras, mineras y están en los territorios de los pueblos
originarios o de comunidades locales que los cuidan hace décadas o siglos.
El
29 de abril, decenas de indígenas taromenane, de la nación huaorani,
fueron masacrados en su propio territorio en el Parque Nacional Yasuní,
Ecuador, por madereros que explotan sus bosques. Según la organización
Acción Ecológica, "la intensa y violenta explotación
forestal en el Parque Nacional Yasuní se ha realizado durante años
a vista y paciencia de la policía, funcionarios de medio ambiente y militares.
Los camiones cargados de madera recorren impunemente vías fluviales y terrestres
y atraviesan el campamento militar. Las masacres y muertes son repetitivas. En
2003 fueron asesinados decenas de taromenanes. Todo apunta a la mano de los intereses
madereros. Desde entonces nada se ha hecho de oportuno y pertinente para evitar
este genocidio". Hasta mayo de este año sólo había una
respuesta de las madereras pidiendo "protección" contra las agresiones
indígenas y mayores incentivos para sus actividades, a las que llaman "sustentables",
con el aval de grandes ONG conservacionistas.
El
11 de mayo, Juan Patricio Marileo, mapuche preso en Chile por defender el derecho
a su territorio ancestral, fue trasladado de la cárcel de Angol a un hospital
en estado crítico por una huelga de hambre que lleva 60 días junto
a otros tres luchadores mapuches. Fueron condenados a 10 años de cárcel
bajo la ley anti-terrorista, instaurada en el tiempo de Pinochet, pero que los
gobiernos posteriores han aprovechado para golpear a indígenas y campesinos
favoreciendo la invasión de madereras e hidroeléctricas en sus territorios.
Las manifestaciones de solidaridad con los presos políticos mapuches han
sido reprimidas brutalmente. Ese mismo día detuvieron en Santiago a 14
manifestantes, integrantes del Frente de Lucha Mapuche y Campesino.
También
el día 11, en Colombia, la policía antimotines arremetió
contra los indígenas, afro-descendientes y campesinos que protestaban de
forma pacífica en Cali. Detuvo a ocho e hirió muchos más.
Su crimen: protestar por las miserables condiciones de vida a que están
sometidos desde que fueron desplazados de sus territorios por la construcción
de la represa Salvajina. Nunca se cumplieron las promesas que les hicieron. Ahora
son criminales por pedir cumplimiento de los acuerdos firmados por las autoridades.
En
Brasil, siguen criminalizados 37 integrantes de Vía Campesina que arrancaron
plantas del vivero de la megaempresa celulósica Aracruz. La empresa por
su parte, no teme acusaciones por haber destruido con bulldozers dos aldeas de
comunidades indígenas un mes antes, hiriendo a muchos. Al fin, Aracruz
defendía sus plantaciones en territorios indígenas ancestrales y
eso no es violencia para las autoridades.
Los
bosques de todo el continente lloran en silencio ante tantas alevosías.
Por eso representantes de 26 pueblos indios de México, reunidos el 5 y
6 de mayo, convirtieron ese llanto en voz altanera, declarando "De todos
los rincones del país nuestro corazón late y desde San Pedro Atlapulco
en este IV Congreso Nacional Indígena reprobamos con toda nuestra energía
y nuestra rabia la represión, el asesinato y el encarcelamiento contra
nuestras comunidades y pueblos por el puro y vil interés de quedarse con
nuestros recursos, despojarnos de nuestros territorios y convertirnos en obreros
asalariados y alejados de nuestras propias comunidades para ser fantasmas sin
futuro en las ciudades. San Salvador Atenco es un espejo. Sus problemas son nuestros
problemas. También ellos están defendiendo su tierra, también
ellos son campesinos, también ellos defienden sus siembras, también
ellos están empeñados en defender su vida y su derecho, su razón
y su destino contra las grandes empresas que quieren acabarnos".
"Pero
también fortalecemos nuestras asambleas, nuestras autoridades agrarias
y tradicionales, la lucha en defensa de nuestros maíces, la defensa de
nuestros bosques y agua, la lucha contra la certificación de nuestras tierras
y los servicios ambientales, ejerciendo una educación cada vez más
autónoma. Así lo hacemos mientras luchamos contra las mineras, las
madereras, los acaparadores de la tierra, contra los grandes empresarios acaparadores
de alimentos como la cadena Wal- Mart, contra la privatización de nuestras
aguas, contra las leyes estatales que quieren legitimar la contrarreforma del
2001."
Ancho y ajeno es el mapa de la devastación.
Pero las flores siguen rompiendo el asfalto.
*Silvia
Ribeiro es investigadora del Grupo ETC
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