En el contexto de las guerras actuales, cuando un acuerdo de paz rara vez significa el fin de la inseguridad física, el entorno posterior al conflicto no puede caracterizarse como aquél en el que la vida vuelve a ser invariablemente "normal" para las mujeres. El trastorno causado por la guerra, cuando las sociedades y las relaciones de género se han transformado y los sistemas de subsistencia han sido quebrantados, tiene su propia repercusión en las relaciones intrapersonales y en las expectativas de la sociedad.
Por lo general, las mujeres encuentran que sus contribuciones a la guerra y sus esfuerzos por la paz son marginados o desechados en los relatos sobre la guerra, tanto oficiales como populares (como sucedió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial). Más aún, parentemente se niega el hecho de que se haya requerido hacer cambios en las relaciones de género a fin de que las mujeres adoptaran roles nuevos en tiempos de guerra. La retórica ideológica a menudo se refiere a "restaurar" o "retornar" a una situación de relaciones de género semejantes a aquéllas que, en el pasado, se consideraba que estaban relacionadas con la paz, aun cuando la propuesta "restauración de la normalidad" pudiera socavar más los derechos de las mujeres. El desafío de las relaciones de género durante la guerra les parece excesivo a las sociedades patriarcales como para mantenerlo en tiempos de paz.
Sin embargo, también hay oportunidades significativas para un cambio favorable en circunstancias de posguerra.
Algunos de los conflictos bélicos terminan en una atmósfera en la que se infunde el deseo de establecer un nuevo tipo de sociedad; donde en el transcurso de algún conflicto se prestó mucha atención a la situación de las mujeres, podría ser posible presionar para que haya cambios legales o en las políticas a fin de lograr que se cumplan sus derechos. Donde se mantenga la paz o reconstrucción a nivel internacional, puede haber presiones externas a favor de políticas que apoyen a las mujeres, y puede haber fondos disponibles directamente para las organizaciones femeninas. Sin embargo, las mujeres deben ser ágiles y estratégicas en las iniciativas que adopten: los organismos responsables del diseño de nuevas instituciones gubernamentales tenderán a descartar los reclamos en cuanto a la distinción por género a menos de que se les planteen de manera convincente.
Cuando no es así, las oportunidades de subsistencia pueden ser descartadas deliberadamente, y pueden generar otros tipos de discriminación. En acciones posteriores a algún conflicto tales como la resolución a las demandas de tierra, las mujeres pueden perder los derechos que ellas habían hecho valer previamente. La reconstrucción rápida de los servicios, sobre todo los de asistencia a la salud y de educación, es especialmente importante para las mujeres.
En el entorno inmediatamente posterior a la guerra, a menudo se adoptan medidas especiales para proporcionar apoyo a los excombatientes antes, durante y después de los procesos de "desmovilización, desarrollo y reintegración". Todavía es común que las mujeres y los niños (en especial las niñas) excombatientes sean relativamente marginados, si no es que olvidados por completo en dichos programas, a pesar de la atención que se ha dado a este estado insatisfactorio de la cuestión por cerca de un decenio.
No obstante lo anterior, las mujeres han logrado abrirse paso en defensa propia aunque menos de lo que hubieran deseado.
En reconocimiento a la vulnerabilidad de las mujeres en todas las etapas de la guerra, en el año 2000 y como acontecimiento histórico, en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU se exhorta con urgencia a los Estados miembros a que garanticen la representación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisión de los mecanismos para prevenir, manejar y resolver conflictos, a fin de promover acciones necesarias para su protección y apoyo. Esta es una señal favorable de que las mujeres están ganando terreno en las actividades posteriores a un conflicto. Una indicación importante de esto lo constituyen los primeros procesamientos judiciales de quienes perpetraron algún tipo de violencia contra las mujeres en tiempo de guerra, en la antigua Yugoslavia y en Rwanda.
En el caso de este último país, en 1997 se estableció un "Caucus de Mujeres para la Justicia de Género" dentro de la Corte Penal Internacional (CCI, por sus siglas en inglés), con lo cual se ayudó a garantizar que se incluyera en la Corte una perspectiva de género que fuera clave para su funcionamiento.
A pesar de este avance, la mayoría de los crímenes sexuales contra las mujeres en tiempos de guerra siguen impunes. Lo que es más, los procesamientos judiciales al respecto tienden a ser penosamente lentos. Las mujeres supervivientes de dichos abusos son estigmatizadas aun más que los supervivientes masculinos que han sufrido abusos contra sus derechos humanos. Por lo tanto, no es de sorprender que la mayoría de las mujeres encuentren muy difícil plantear una demanda legal y aportar las pruebas correspondientes.
Los procedimientos de "verdad y reconciliación" han sido utilizados para atender esos casos de mujeres ultrajadas y lograr que participen más, como ha sucedido de manera notable en Rwanda donde el sistema tradicional denominado Gacaca ha sido restablecido para dar cauce a las disputas posteriores al genocidio. Sin embargo, el problema de amnistía y "recuento de lo verídico" sigue siendo controvertido; cuando se ofrece amnistía a cambio de decir la verdad, la impresión de ser tratado injustamente podría provocar una extensión de la violencia.
Los abusos más comunes que no son suficientemente reportados a las Comisiones de Verdad y Reconciliación (CVR)) son aquellos cometidos contra las mujeres y que, en efecto, son también los menos procesados judicialmente. Aunque algunas veces las mujeres constituyen la mayoría de aquéllas que en la corte fungen como testigos de los actos de violencia cometidos contra otras mujeres, sólo unas pocas denuncian los actos de violencia sexual cometidos contra ellas mismas, a menos que se establezca una estrategia de compromiso activo en su favor y en pro de la comunidad más amplia (como en el caso de la CVR del año 2001 en el Perú).

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