Los derechos humanos tratan de asegurar la dignidad, la igualdad y la seguridad de todos los seres humanos en todas partes. Estas tres formidables nociones son el centro de nuestra visión. Están íntimamente relacionadas. La dignidad, que refleja tanto autonomía y responsabilidad, se ocupa del individuo. La igualdad es la piedra angular de las relaciones efectivas y armoniosas entre la gente, sostiene nuestros sistemas comunes de ética y derechos, ya sea que estemos discutiendo de igualdad ante la ley o de la necesidad de equidad en la forma en que los Estados y los sistemas internacionales conducen sus asuntos. Ni la dignidad ni la igualdad, desde luego, pueden echar raíces en ausencia de una seguridad básica.

Estas nociones no son ideas y aspiraciones imposibles de alcanzar. Se traducen en puntos de referencia para medir la conducta. Más de medio siglo de duro trabajo colectivo nos ha proporcionado normas que dan contenido a estas nociones. Tenemos un marco universal de derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las dos Convenciones Internacionales sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre Derechos Civiles y Políticos, así como otros tratados centrales sobre los mismos. Estos instrumentos han inspirado disposiciones en muchas constituciones y leyes nacionales, y condujeron a la creación de infraestructuras nacionales a largo plazo para la protección y promoción de los derechos humanos. Asegurarse de que éstos están al alcance de aquellos que más los necesitan -las víctimas de violaciones de derechos humanos- es lo que da sentido a las Naciones Unidas.

Es, para ser franco, el único punto que justifica que estemos hoy aquí. Si la Comisión sobre Derechos Humanos, y mi Oficina, no pueden proteger a los débiles, ¿qué valor tienen? La dignidad, la igualdad y la seguridad requieren sistemas de justicia que puedan mantener y sostener estos valores. Por lo tanto, me propongo concentrarme en la justicia y la aplicación consistente del estado de derecho como un tema central. Este rico concepto dispone que la ley debe operar como un instrumento para proteger la dignidad y valor de la persona humana, y no, como una herramienta para permitir el dominio arbitrario, la crueldad o la abdicación de las responsabilidades básicas de un Estado hacia sus ciudadanos.

Nos ocuparemos de las violaciones, ya sean deliberadas o por falta de conocimiento, por la debilidad de las estructuras o por la insuficiencia de recursos. Ayudaremos a los Estados a integrar e implementar las normas internacionales que han formulado -que han aceptado- mediante la ratificación de tratados, aún cuando sean los Estados los que deban asumir por completo sus responsabilidades para sostener los derechos humanos.

Los conminaremos a otorgar derechos humanos totales a sus pueblos y a avanzar en sus sistemas nacionales de protección. Trabajaremos con líderes y funcionarios, con el poder judicial, los parlamentos, las comisiones nacionales de derechos humanos y con la sociedad civil. Podemos ayudar a educar y construir esa capacidad, podemos auxiliar, exhortar y alzar la voz cuando sea necesario, para asegurarnos de que los excesos son remediados: una cosa que no debemos hacer es comprometer nuestra meta final.

Déjenme decirles unas palabras sobre el terrorismo y las medidas tomadas por Estados para enfrentar este azote. Aunque el terrorismo no es un fenómeno nuevo, actualmente, cualquier discusión en este aspecto debe empezar con lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001. Las víctimas de esos horribles ataques tienen un derecho básico a la justicia. Este traumático episodio debe ser considerado por todos en forma unívoca como uno de los ejemplos más repugnantes en el que los derechos de los inocentes fueron pisoteados sin piedad. Les debemos a ellos el responder con decisión y vigor para terminar con el mal del terrorismo. Debemos también reconocer que los Estados tienen, no sólo el derecho, sino el deber de proteger a sus ciudadanos de tales formas de crimen internacional. Un ataque brutal y una amenaza excepcional pueden requerir de una respuesta extraordinaria e inequívoca.

 

Pero estas medidas deben ser tomadas con transparencia, deben ser de corta duración, y deben respetar los derechos fundamentales, no derogables, expresados en nuestras normas sobre derechos humanos. Deben tener lugar dentro del marco de la ley. Sin ello, los terroristas ganarán finalmente y nosotros perderemos -ya que les habremos permitido destruir los cimientos de nuestra moderna civilización humana. Estoy convencido de que es posible combatir esta amenaza sin costo alguno para nuestros derechos humanos. La protección a nuestros ciudadanos y el apoyo a los derechos no son incompatibles: al contrario, deben ir firmemente juntos, a menos que perdamos el rumbo.

También tenemos que trabajar en las presionantes fuentes de inseguridad. Los conflictos armados, la discriminación, la pobreza y la ignorancia, por nombrar sólo algunas de las más importantes. Los derechos no tiene ningún significado, sin embargo -y no puede haber seguridad- si la familia se muere de hambre, o si no se puede uno proteger de los que están más cerca de uno, de las enfermedades más prevenibles o fácilmente curables, o si no se puede proporcionar a los niños una educación básica. Esto es un axioma, igual que decir que los derechos no tienen ningún significado si se considera que la vida no tiene valor alguno, o si la voz es perpetuamente silenciada.

Negar la dignidad de alguien es humillarlo. Tenemos que estar muy conscientes de esto, más de lo que ya estamos. Ser humillado arriesga la seguridad. Es un riesgo innecesario; no logra nada positivo. Si se despoja a la gente del sentido de la decencia -ya sea física o psicológicamente, por omisión o intencionalmente- o si carece o se le niega el reconocimiento básico como individuo o como pueblo, o se le niega su derecho más fundamental de vivir a salvo, el resultado es la pérdida de confianza, el letargo, la desesperación, la radicalización. En esos escenarios -y hemos visto esto con demasiada frecuencia- la vida está llena de furia y de años de oportunidades perdidas. En otras palabras, necesitamos considerar a la seguridad en su sentido más amplio, no sólo dentro de un marco explícito de indivisibilidad de los derechos, no sólo como una condición libre de violencia y terror, sino reconocer también nuestra creciente interconexión en un mundo globalizado.

Necesitamos llevar seguridad a todos los individuos y pueblos del planeta protegiendo su derecho a la vida, a la identidad, la libertad, al libre pensamiento y a creer lo que se quiera; su derecho a no temer la tortura o el exilio o la detención arbitraria; su derecho a expresarse, a asociarse pacíficamente, a moverse libremente dentro de su país y a regresar a él; su derecho básico al desarrollo; su derecho a la educación primaria y a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar -adecuado, en otras palabras, para darles a ellos , y a todos nosotros dignidad. Esto no se logrará nunca si no es con pactos mutuos, entre individuos, comunidades, Estados y regiones.

Durante los conflictos se revelan toda una serie de violaciones a los derechos humanos; no sólo violaciones a los derechos de aquellos directamente involucrados, sino también el impacto indirecto -y de mayor alcance- en la seguridad, la estabilidad y el progreso económico y social. Durante toda mi carrera, he visto hombres y mujeres, jóvenes y viejos, despojados de sus derechos y su dignidad como resultado de un conflicto. Estoy decidido a que trabajemos juntos para vigilar que el derecho humanitario sea cabalmente implementado y que avancemos urgentemente en el desarrollo de los marcos y estrategias necesarios para proteger a los civiles atrapados en el torbellino.

Necesitamos acercar más los derechos humanos y las cuestiones humanitarias. La difícil situación de los refugiados y los internamente desplazados no debe ser considerada sólo bajo la rúbrica de las últimas. Debemos proporcionar cuerpos intergubernamentales que tengan mandatos internacionales de supervisión legal, con respaldo político y resolución inequívoca. Los Estados les han confiado la tarea final de asegurarse de que se observe la ley.

Me gustaría ver que los derechos humanos estuvieran realmente en el centro de los acuerdos de paz, de nuestros esfuerzos para prevenir conflictos y de nuestro esfuerzo pacificador. Ninguna paz es real a menos que se hagan realidad los intereses más fundamentales de la justicia. ¿En cuántas ocasiones, incluyendo en tiempos recientes, han sido ignoradas las señales alarmantes de violaciones a los derechos humanos y sólo los resultantes crímenes en contra de la humanidad nos despiertan de la inercia? El establecimiento de la Corte Criminal Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) constituye un parteaguas en este sentido; como quiera que yo pueda y dentro de mis posibilidades, trabajaré para ayudar a asegurar que, en ausencia de todas las demás vías jurídicas, la ICC esté bien apoyada, libre de manipulación y en posición de lograr sus objetivos. Es para mí axiomático que para aquellos que cometen los más atroces crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad, debe haber una responsabilidad internacional genuina Los intereses de todos lo Estados, particularmente de aquellos que encabezan la lucha por la justicia, han sido -o pueden ser-complacidos.

También me gustaría que estuviéramos equipados para ayudar a las sociedades que emergen del conflicto a construir instituciones democráticas, representativas, participativas y responsables, para curar sus heridas, para trabajar por la reconciliación y para asegurar un proceso creíble de responsabilidad por crímenes graves y violaciones cometidas durante los conflictos.

Sé muy bien por nuestro trabajo en Kosovo y Timor Oriental qué tan onerosa es esta tarea, pero sé también lo vital y digna de apoyo que ese. Frecuentemente, un conflicto tiene sus orígenes en patrones de discriminación. Necesitamos resolver estas causas radicales básicas mediante el principio de igualdad. Necesitamos fortalecer nuestro trabajo en la roca firme de la justicia que está en el centro de todos los derechos humanos. Necesitamos poner especial atención a la discriminación racial, los derechos de las minorías, los derechos de los nativos, los derechos de los discapacitados -una área que ha sido descuidada durante demasiado tiempo- los derechos de los niños y la igualdad de géneros.

La cuestión de los derechos de las mujeres merece un tratamiento específico y enérgico: haré de ello una de mis prioridades. Mi experiencia en Timor Oriental (ahora Timor-Leste), al igual que en otros lugares, me ha enseñado que muy seguido son las mujeres las que forjan el impulso más grande para la paz en las sociedades arrasadas por los conflictos. Son, como regla, una fuente de restricción, razón, reconciliación, estabilidad y democracias. Aunque ha habido grandes progresos en la última década, para poner en alto los derechos de la mujer dentro de la agenda de los derechos humanos, aún queda mucho por hacer, sobre todo a nivel nacional. El tratado básico sobre el tema, la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), ha tenido un largo alcance, con cerca de 170 ratificaciones. Al mismo tiempo, los problemas que trata son de una excepcional profundidad y complejidad.

Necesitamos todo lo anterior -y más- y trataremos de hacerlo, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos trabajar con todos los miembros de la familia de los derechos humanos y ampliarla. Trabajaré con el Secretario General, cuya confianza y liderazgo político serán de suma importancia, y en cercana colaboración con mis colegas de la Secretaría y de todo el sistema de las Naciones Unidas, con otras organizaciones intergubernamentales y regionales, y con los medios. El papel de la comunidad empresarial será también de particular importancia.

Pero déjenme distinguir a dos actores: los Estados y las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Trabajaremos en sociedad con los Estados. Nunca podré repetirlo lo suficiente: la principal responsabilidad de promover y proteger los derechos es suya. En años recientes, los Estados han empezado a darse cuenta y a aceptar que la soberanía es una responsabilidad que no sólo proporciona derechos, sino que también conlleva obligaciones para con aquellos que viven bajo su jurisdicción, así como para con la comunidad internacional como un todo. Ellos tienen, en las palabras de un informe reciente, la "responsabilidad de proteger". Mi Oficina apoyará y será constructiva, presumiendo buena fe en todas las partes incluso y particularmente cuando surja un desacuerdo.

Seguiremos trabajando con las ONGs. Mi experiencia en mucos países me ha dejado un profundo aprecio por la irremplazable contribución, en las líneas del frente de nuestros esfuerzos, que la ONGs internacionales, regionales y nacionales han hecho para reforzar el respeto a los derechos, ya sea que estén trabajando con los derechos humanos, con cuestiones humanitarias o de desarrollo. Es difícil imaginar dónde estaríamos ahora sin su experiencia, energía y dedicación.

En su informe del 23 de septiembre sobre la segunda fase de su reforma, el Secretario General ha subrayado la importancia de la cooperación internacional para ayudar a los Estados a establecer o fortalecer los sistemas nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos. También hace énfasis en el eficiente servicio de los informantes especiales de la Comisión y de los órganos del tratado. Estos órganos constituyen la espina dorsal del sistema de derechos humanos de la ONU y sus deliberaciones deben sin duda, ser consideradas como la base sobre la cual deben proceder todos los demás avances.

Otra área en la que me propongo hacer énfasis es la del incremento de nuestra capacidad para comunicar nuestro mensaje. Los derechos humanos no son sólo para discutirse en las cámaras de contados campos. Los derechos humanos son de propiedad universal y debemos hacer realidad esta retórica. A pesar de los impresionantes esfuerzos de los últimos años, el nivel de conciencia sobre el trabajo que realizan los numerosos componentes de la maquinaria de derechos humanos de la ONU sigue siendo alarmantemente bajo. Y esto es particularmente cierto en el caso del objetivo de nuestros esfuerzos: los sistemas y los individuos que violan los derechos, y aquellos cuyos derechos han sido violados. Sólo recientemente, me fue presentado elocuentemente el hecho de que nuestros derechos humanos universales deben también ser conocidos por los niños de las regiones más remotas y empobrecidas del mundo, tanto como por nuestros estudiantes más brillantes en las mejores universidades. Necesitamos encontrar formas innovadoras de multiplicar el impacto de nuestro trabajo y de asegurarnos de que es apoyado en forma más vigorosa por el público en general.

La Comisión de los Derechos Humanos es central para la acción de las Naciones Unidas que los promueve y protege. Como uno de los órganos intergubernamentales más viejos de la ONU, tiene una historia de sólidos logros, tanto en la definición del contenido de las normas internacionales sobre derechos humanos, como en su promoción y protección. Pero eso no es suficiente. La Comisión sigue siendo un foro internacional vital para la discusión de los derechos humanos. Sobre todo, continua en su papel de redactor preeminente de instrumentos de derechos internacionales, como lo evidencia la adopción, el año pasado, del Protocolo Opcional de la Convención en Contra de la Tortura, así como la decisión de empezar a considerar, para el año entrante, un Protocolo Opcional para el Convenio sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El funcionamiento efectivo de la Comisión es un interés legítimo de todos sus participantes -y el más importante, para todos los que dependen de él, consciente o inconscientemente- para la protección de sus derechos básicos a medida que continúa su misión de promover la indivisibilidad de los derechos humanos, poniendo mayor atención a los derechos económicos, sociales y culturales. Apoyaremos este proceso -este imperativo lógico- al grado máximo de mis capacidades y las de mi Oficina. Trabajaremos hacia la realización del derecho al desarrollo, de forma que todos puedan gozar plenamente de su derecho a participar, contribuir y disfrutar de tales derechos sistémicos, tanto como con ustedes para asegurar sus derechos civiles y políticos.

Otro equilibrio a lograr en el trabajo de la Comisión es aquel entre su papel de protector y de promotor. El papel de protector de la Comisión es una de sus funciones centrales y una que requiere resultados mensurabas. La importancia y efectividad de su trabajo de protección se hace evidente por el tamaño y la sofisticación, siempre crecientes, de su sistema de procedimientos especiales. No obstante, la protección va de la mano con la promoción y debemos estar listos para responder a las peticiones de los Estados Miembros y proporcionar servicios de asesoría, sobre todo como consecuencia de las deliberaciones en los órganos de derechos humanos, siempre que no se hagan en sustitución de mejoras tangibles a las situaciones domésticas. Igualmente, la Comisión debe cumplir con sus responsabilidades y estar preparada para llamar abuso a un abuso, en cualquier lugar donde esto ocurra.

Lo que estoy diciendo no es nuevo. No es más que una reafirmación de lo obvio: los derechos humanos van al corazón de nuestro sentido colectivo de humanidad, así como a nuestro sentido de la política, en su significado griego original: un orden social que es para uno y para todos. Va al centro de cómo queremos vernos a nosotros mismos y al ideal que estamos luchando por alcanzar; no deberíamos -no debemos- alejarnos del idealismo. Cualquiera que sea nuestra cultura, compartimos un impulso común para mejorar al individuo y al bien común. Con frecuencia codificamos esta aspiración ideal en nuestras leyes nacionales, tal como lo hacemos en nuestras leyes internacionales. Esta visión de los derechos humanos como el prisma fundamental y más frecuentemente comprendido, a través del cual vemos nuestra propia humanidad, es la guía central de todo nuestro trabajo.

En otras palabras, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Para esta hora deberíamos estar todos de acuerdo. A los desacuerdos debemos contemplarlos dentro de ese marco. Las discusiones nos llevarán más lejos; la acción nos llevará todavía más lejos. Encontrarán en mí a un socio incansable y honesto para ayudarles a lograr ese fin. Este privilegio que el Secretario General y la Asamblea General me han dado es algo que no tomo a la ligera. Unas palabras especiales para los defensores de los derechos humanos, particularmente a nivel nacional: ustedes encontrarán en mí a un amigo y aliado que está dispuesto a actuar para proteger sus derechos. Igualmente, sin embargo, mi sentido de responsabilidad es superado por un sentido de emoción.

Estamos, una vez más, en una encrucijada: sacaremos lo mejor de ello y no nos arrepentiremos de nada. A menos que aspiremos a lo que parece inalcanzable, correremos el riesgo de quedarnos en la mediocridad.

Fuente: Crónica ONU

* Nombrado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en septiembre del 2000. Fue Representante Especial del Secretario General y Administrador Transitorio de la ONU en Timor Oriental, de 1999 al 2002. El Sr. Vieira de Mello fungió también como Coordinador de Asuntos Humanitarios y Auxilio de Emergencia, y como Sub Alto Comisionado para los Refugiados.